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Los albaceteños presentaron 161 quejas al Defensor del Pueblo

Josechu Guillamón
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Muchas de las reclamaciones tuvieron relación con el Covid-19, aunque también hubo en ayuntamientos

Imagen de Ángel Gabilondo en su intervención en el Senado. - Foto: David Corral (Senado)

Los albacetenses presentaron 161 expedientes de quejas al Defensor del Pueblo durante el año 2021, lo que supone un 14,92% del total de las reclamaciones que se presentaron en la región.

El número de quejas en la provincia se mantiene estable, puesto que el año anterior se presentaron 160 reclamaciones.

En total, en Castilla-La Mancha en 2021 se presentaron 1.191 quejas al Defensor del Pueblo, lo que supone un 4,19% del total de reclamaciones presentadas a nivel nacional, unas cifras algo superiores al año anterior, cuando hubo 1.079.

Por provincias, la que mayor número de reclamaciones acumuló en la región en 2021 fue Toledo, con 476, lo que supone el 39,9% del total de Castilla-La Mancha. En segundo lugar se encontraría Ciudad Real, con 243 quejas (20,40% del total); seguida por Guadalajara, con 213 (17,88%); luego iría Albacete, con sus 160 reclamaciones y en el último lugar encontraríamos a Cuenca, con 99 quejas (8,31%).

Si nos referimos a la temática de las reclamaciones, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo manifestaba que a nivel general han destacado las quejas relativas a la saturación de los centros de salud, el aumento de las listas de espera, la restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales y en el acceso a las residencias de mayores. Gabilondo subrayaba el impacto del Covid-19 en las residencias para personas mayores, que «ha supuesto una verdadera emergencia social para muchas personas».

En respuesta a las reclamaciones el Defensor del Pueblo recomendaba a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha que tratara a los mayores como a un ciudadano más. «Las consejerías y departamentos de sanidad deben velar por que, en el contexto de pandemia y amenaza a la salud pública, con el fin de salvaguardar esta, así como el derecho a la salud y la vida, no se imponga a los mayores y sus familiares un régimen más restrictivo de sus derechos a la libertad de movimientos y circulación, reunión e intimidad que el que se impone a otros ciudadanos en el mismo territorio, salvo que existan y se acrediten razones de salud pública suficientes que así lo justifiquen, respondiendo siempre a los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad».

Además pedía «revisar con la frecuencia necesaria las normas restrictivas de las visitas y salidas de los usuarios de centros residenciales de mayores». 

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