El Consejo de Ministros autorizó ayer, con condiciones, la OPA voluntaria y parcial del fondo australiano IFM para hacerse con hasta el 22,69% del capital de Naturgy. En rueda de prensa, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, afirmó que se trata de una operación «singular» sobre una empresa que es «estratégica», y que, a pesar de dar la «bienvenida» a la inversión extranjera, debe ser concebida como una «oportunidad que ayude a consolidar con robustez el marco normativo y la transición energética» y con «garantías y cautela».
En concreto, los requisitos fijados por el Ejecutivo tienen como objetivo proteger el interés público a través del mantenimiento de la sede y la actividad en España, la garantía de una gestión financiera prudente, el apoyo a las inversiones fundamentales para la transición energética y el mantenimiento de la negociación en Bolsa y las obligaciones de transparencia asociadas.
Así, la aprobación de la operación de IFM para entrar en el capital de Naturgy, aprobada a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, está condicionada a que, en un plazo de cinco años de la liquidación de la OPA, el fondo apoye las inversiones de la sociedad en proyectos de transición energética en España que contribuyan a generar valor, así como a mantener el domicilio y sede de la compañía en territorio nacional y «una parte significativa» de la plantilla en España.
A este respecto, Ribera subrayó que el acuerdo introduce unas condiciones «tremendamente garantistas», ya que la señal de «visibilidad» para los empleados es importante y el inversor, si llega a entrar en el capital, debe dar «plena garantía y respeto» en esta materia. «Es importante garantizar el cumplimiento de esas condiciones que se recogen, y ofrecer una señal de tranquilidad para los operadores y trabajadores nacionales, también para aquellos que confían en las inversiones de interés de presente y futuro. Es fundamental que se cubran todos los aspectos que puedan ser sensibles como el empleo, que es fundamental en una empresa como Naturgy, que se trata de un grupo con presencia internacional y queremos que el empleo en España se mantenga en los términos en los que está», sostuvo.
Política "prudente"
Además, IFM deberá respaldar una política de dividendos «prudente» y una política de endeudamiento externo que permita mantener la calificación crediticia de grado de inversión y que las ratios de endeudamiento de sus filiales reguladas en España no sean superiores a las recomendadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Igualmente, el fondo australiano no podrá apoyar ninguna propuesta de desinversión distinta de las reflejadas en el plan estratégico que se presente y que implique perder el control de las filiales con las que el grupo realiza sus actividades estratégicas de distribución de energía en España.
Tampoco podrá respaldar la exclusión de Naturgy de las Bolsas españolas durante los próximos tres años, salvo que la negociación no alcance la difusión, frecuencia o volumen de contratación suficientes para una correcta formación del precio.