Un móvil robado a una cercana colaboradora de Pablo Iglesias en 2016 y encontrado después en los registros de la operación Tándem en la que fue detenido el excomisario José Villarejo ha vuelto desatar las sospechas sobre las actuaciones de la llamada policía política en relación con el líder de Podemos.

Pablo Iglesias se ha personado como perjudicado en la Audiencia Nacional en la pieza secreta que investiga el hallazgo de ese teléfono en los registros practicados en noviembre dentro de la intervención, y cuyo robo denunció un año antes Dina Bousselham -asistente del secretario general de Podemos cuando este era eurodiputado-.

Una pieza secreta bautizada con el nombre de Dina, según confirman fuentes jurídicas, y en la que se investiga la relación del robo de ese teléfono con Villarejo.

Se da la circunstancia además de que varios de los mensajes privados que contenía ese teléfono se publicaron después en algún medio de comunicación, en lo que fuentes de Podemos enmarcan como una operación para "destruir" a Pablo Iglesias.

En dicho cometido sitúan también el conocido como informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un documento que supuestamente encargó el Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz y que, tras ser publicado por varios medios de comunicación, fue rechazado por diferentes órganos judiciales al considerarlo "informaciones no autentificadas".

El exdirector general del cuerpo entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016 Ignacio Cosidó siempre ha mantenido que desconoce quién elaboró ese informe que, entre otras cosas, apuntaba la supuesta financiación irregular de Podemos que tampoco nunca se ha demostrado en los juzgados.

Así lo dijo en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre el uso político de la Policía en el mandato de Fernández Díaz como ministro del Interior, que concluyó que sí se utilizó para perseguir a los adversarios políticos y que hubo un "abuso de poder" por parte de sus responsables.

Ayer mismo y tras declarar durante una media hora ante el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, Iglesias volvía a expresar el compromiso de su formación de "limpiar nuestra democracia de basura".

"Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a políticos corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios", reiteraba Iglesias recuperando así una de las denuncias que no para de hacer la formación morada sobre lo que describe como las "cloacas del Estado".