Librería Popular acoge hoy, a las 19 horas, la presentación de La patria en la cartera, de Joaquim Bosch. El autor, en la actualidad juez de Primera Instancia en Moncada, comentó a La Tribuna de Albacete las singularidades de esta obra, que lleva como subtítulo Pasado y presente de la corrupción en España.
Muchos podrían pensar que necesitaría, no un libro, una enciclopedia de varios volúmenes...
Sería muy cierto. El gran problema que he tenido como autor es intentar sintetizar la enorme cantidad de información que tenía sobre la mesa, con una bibliografía extensísima, con cientos de sentencias consultadas, en un formato manejable para el lector. Esto pretende ser un ensayo para todo tipo de público, no es un texto académico. Recojo casos de corrupción en España desde la Edad Media y, sobre todo, en las últimas décadas ha habido multitud de procesos y, ciertamente, había materia para hacer una enciclopedia.
La corrupción está en todas las culturas y ámbitos. ¿Es España un caso excepcional?
España tiene una singularidad importante que ha llamado la atención de los expertos internacionales y es que, habitualmente, cuando hay una corrupción muy extendida, estamos ante lo que denomina corrupción sistémica, que afecta a políticos, funcionarios, jueces, policías, militares y a todo el espacio público. La corrupción de España, afortunadamente no es así, está muy centrada en el ámbito político, pero es cierto que en el ámbito político no tiene equivalentes en otros países europeos; en cambio, los porcentajes de corrupción política se aproximan a los de Honduras o Guatemala. Si nos fijamos, aquí ha habido muchas comunidades autónomas en las que han sido condenados, han estado en prisión provisional, encausados, presidentes, consejeros; presidentes de la Diputación, concejales, alcaldes, multitud de cargos públicos, con unas cifras que no tienen equivalentes en Europa y eso debe preocuparnos, en el sentido de que no está absolutamente generalizada, pero sí que tenemos un serio problema en el ámbito político.
Si nos centramos en la época anterior, ¿hay más o menos corrupción?
Durante el franquismo la corrupción era muchísimo mayor, lo que ocurre es que era imposible perseguirla y juzgarla y los periódicos tampoco podían informar sobre ella, ni había partidos políticos que intentaran aclarar lo que estaba pasando. Suele ocurrir en todas las dictaduras, que la corrupción se instala en todos los rincones del sistema institucional y ocurrió también durante la etapa de Franco y eso lo documento en el libro. No puede sorprender que una corrupción instalada durante tanto tiempo, no tuviera efectos posteriores sobre el sistema democrático.
Con la democracia, muchos pudieron pensar que esas prácticas de podrían controlar y erradicar…
Los datos nos indican que hubiera sido lo deseable cortar absolutamente con la corrupción que venía del régimen anterior, pero lo cierto es que no fue posible, como intento demostrar en el libro, con todos los datos de continuidad, de prácticas del franquismo que siguieron en democracia. Por ejemplo, los grandes pelotazos en Marbella no los inventó Jesús Gil, todo esto empezó en la dictadura, y así ocurrió en otras partes del litoral. Lo mismo, en las grandes manipulaciones fraudulentas en la contratación de obra pública y la existencia de redes clientelares en la Administración Pública. Todas estas prácticas se implantaron y consolidaron ampliamente durante el franquismo, pero siguieron en democracia. Lo cierto es que las circunstancias de la transición dificultaron mucho que hubiera ruptura con estas prácticas, porque hubo continuidades de cargos políticos que siguieron en democracia y hubo muchos sectores empresariales que habían tenido tratos de favor durante el régimen, que pudieron continuar en posiciones de privilegio con los nuevos gobernantes democráticos y, además, creo que hay que remarcar que la corrupción fue funcional para el nuevo sistema democrático, en el sentido que favoreció determinadas prácticas irregulares, como la financiación ilegal de los partidos. Se podía haber cortado reformando el sistema legal institucional que la hacía posible, pero no se reformaron esas leyes o se reformaron mucho más tarde.
¿Cuáles son los casos que más le llaman la atención?
Yo separaría algún caso anecdótico, singular, y lo que son los casos importantes. Creo que hay dos casos muy importantes a los que deberíamos prestar atención como sociedad democrática, el caso Gurtël y el caso de los ERE, porque muestran claramente las dinámicas que ha habido en nuestro país y tienen multitud de réplicas en todo el territorio nacional. El caso Gurtël es muy importante porque conecta la tesorería de uno de los partidos más importantes del país, con toda una trama de sobornos en muchísimas instituciones para generar ingresos, en dinero negro, a la caja del partido y para que de ahí se pagaran fraudulentamente campañas, gastos en la sede y todo tipo de aportaciones económicas. Nos muestra un serio problema estructural del funcionamiento de nuestra democracia. Por otro lado, el caso de los ERE es muy importante porque supone la gestión clientelar de muchísimos millones de euros públicos con la finalidad de mantener los espacios del poder político, a través de prebendas, subvenciones, privilegios y todo tipo de desvió del dinero público, para que el poder político pueda perpetuarse a través de actuaciones irregulares. Nos demuestra que no son dinámicas que no son de cuatro manzanas podridas, sino que hay cestos que están podrido, que deberíamos reformar para que no sea tan fácil la corrupción. Casos singulares, los hay muchos, me llama la atención el de Luis Fernando Cartagena, que era alcalde de Orihuela y recibió dinero de las monjas Carmelitas de su pueblo para usos sociales y de caridad y este alcalde se lo apropió. En nuestro país no se ha respetado ni lo más sagrado y la cifra exacta fue de 47.000 euros, que se quedó.
¿Es posible la defensa contra estas prácticas corruptas?
Es perfectamente posible y nos lo demuestran los países que tienen la corrupción en niveles bajos. Si hubiera voluntad política suficiente, la corrupción habría acabado hace décadas y ha sido un deporte nacional embestir contra la corrupción del partido rival y proteger a los propios corruptos. Hay motivos para impulsar un gran pacto de Estado contra la corrupción, que es un problema muy grave, que genera un impacto económico enorme, nos cuesta al año más de 40.000 millones de euros. Los economistas expertos en corrupción nos dicen que, si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con estas prácticas, hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea.
¿Por qué la sociedad tiene esa sensación de impunidad?
Hay como una percepción de impunidad. Está acreditado que a los juzgados solo nos llega una pequeña parte de la corrupción, solo conocemos la punta del iceberg. Tenemos unos mecanismos de prevención que son muy insuficientes y fallan los controles internos en las administraciones públicas y hay pocos recursos para poder perseguir judicialmente la corrupción.