El exalcalde de Peñascosa vuelve a sentarse en el banquillo

REDACCIÓN
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La Fiscalía le acusa de haber contratado por su cuenta desde el Consistorio a quien era su pareja y al hijo de ésta en 2006, y aunque nunca trabajaron ni percibieron sueldo del municipio sí cotizaron a la Seguridad Social y generaron prestaciones

El exalcalde de Peñascosa vuelve a sentarse en el banquillo - Foto: Rubén Serrallé

El exalcalde de Peñascosa, el socialista Francisco Ramón García, vuelve a ser objeto de juicio en la Audiencia Provincial. Si en diciembre pasado fue condenado por malversación, al haber cargado gastos personales de teléfono al Consistorio por valor de 1.913 euros, y mañana 13 de julio se sentará en el banquillo de los acusados del trbiunal albacetense acusado de prevaricación administrativa. La Fiscalía de Albacete propone para él cinco años de prisión, multa e inhabilitación para cargo público, por unos hechos que se remontan a 2006, cuando según la acusación contrató desde el Ayuntamiento a su pareja sentimental y al hijo de ésta - también acusados por un delito de falsedad documental- y aunque nunca llegaron a realizar tarea alguna ni cobraron sueldo del municipio sí generaron prestaciones de desempleo y cotizaciones a la Seguridad Social. La fiscalía dice que el entonces regidor de Peñascosa «concibió la idea de aparentar la contratación laboral» por parte del Consistorio de su entonces compañera sentimental, la acusada G.F.L.A., y el hijo de ésta, F.M.R.L., y lo hizo «contraviniendo consciente y voluntariamente la normativa vigente y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente previsto en materia de contratación laboral», con incumplimiento de los principios de mérito, igualdad y publicidad, y sin que constara «la necesidad de dicha contratación para satisfacer el interés público». 
La petición de cárcel para Francisco Ramón García es de cinco años por un presunto delito de prevaricación administrativa, multa de 4.500 euros e inhabilitación para cargo público por 13 años. Los acusados G.F.L.A. y F.M.R.L. se enfrentan a una posible pena de un año de prisión y 2.700 euros de multa por falsedad documental.