Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile... tienen en común su ubicación en el continente americano, pero también una situación preocupante: la violencia policial, que se ha convertido en una enfemerdad que parece insalvable y que ha penetrado en toda la región. Y es que, a pesar de los llamamientos permanentes al control y al respeto por los Derechos Humanos, el uso extremo de la fuerza por parte de los agentes ha sembrado el caos en esas naciones, dejando tras de sí decenas de víctimas.

Bajo la lupa

Las protestas en Colombia llevan en los últimos años el nombre de Dilan Cruz o Javier Ordóñez y en las últimas semanas el de Marcelo Agredo o Santiago Murillo. Muertos todos ellos en unas manifestaciones pacíficas con triste final. El problema de la brutalidad policial persiste, cada vez más agravado, mientras una parte de la sociedad pide cambios en las Fuerzas de Seguridad.

«Hay un fenómeno estructural en Colombia y es que por cuenta del conflicto armado y de la guerra contra el narcotráfico hemos confundido mucho la diferencia que tienen que desempeñar los militares y la Policía», explica la analista política Sandra Borda, quien compara esto a lo que pasó en las protestas raciales de Ferguson (EEUU), cuando la Policía comenzó a usar material militar. «Se ve demasiado Ejército en la calle», cuando no tenía que estar «tan presente en la cotidianidad de la ciudadanía», y luego la Policía asumió «una doctrina y unos métodos supremamente militares», con una actitud «sumamente defensiva», en la que la «ciudadanía es el enemigo», agrega.

Mala influencia

Estados Unidos ha sido en el último año protagonista de la mayor ola de protestas raciales tras la década de los 60 del siglo pasado a raíz de la muerte en mayo de 2020 del afroamericano George Floyd a manos de un agente blanco, lo que volvió a abrir el debate sobre la violencia policial contra las minorías.

El impacto de la cultura de EEUU en el resto del continente también llega a través de la militarización de sus cuerpos policiales, normalmente acorazados con armas de alto calibre y equipamiento de guerra, y que tienden a desplegarse con mayor frecuencia en comunidades de menores ingresos, con una gran proporción de residentes afroamericanos.

El problema radica en la normalización de tácticas defensivas que constituyen tortura, como el uso de pistolas de electrochoque o gases lacrimógenos.

Sangre en Río

Una violenta operación policial desarrollada en una favela a mediados de mayo en Río se saldó con 27 civiles muertos y volvió a levantar las alertas sobre los abusos de los agentes en el país, ya que la mayoría de los fallecidos fueron jóvenes, negros y habitantes de favela, de los cuales solo tres tenían relación con el objeto del operativo.

El alto índice de letalidad policial no es solo un problema del gigante sudamericano sino de varios países de América, debido a factores comunes como los altos índices de violencia, el narcotráfico, la falta de profesionalización de los uniformados, los prejuicios sociales y un sistema de justicia ineficiente. A eso se suma la ola de una política conservadora que promueve la violencia como la solución a los problemas y a una sociedad que normaliza y avala esas prácticas de mano dura.

Falso oasis

Pese a que Chile estaba considerado el oasis latinoamericano hasta las protestas de finales de 2019, el descrédito de las Fuerzas de Seguridad comenzó a gestarse un año antes, cuando el joven Camilo Catrillanca murió de un disparo policial mientras se desplazaba en un tractor por una comunidad mapuche en el sur. Muchos analistas consideran que el caso Catrillanca fue la semilla de lo que un año después se convertiría en una ola de indignación transversal sin parangón desde el fin de la dictadura de Pinochet (1973-1990), con multitudinarias protestas durante meses, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

El Gobierno de Sebastián Piñera tardó un tiempo en reconocer que los abusos no fueron «casos aislados», como apuntaba al inicio de la crisis, y se comprometió a reformar el Cuerpo de Carabineros.

Abusos continuados

En México, la violencia policial y los abusos de las instituciones de seguridad han sido habituales desde hace varias décadas. El acto más recordado en este país es la matanza de centenares de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, a manos del Ejército. También la desaparición forzada de medio centenar de jóvenes en Iguala, en 2014.

El más reciente ocurrió el 27 de marzo cuando la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue asesinada por cuatro policías municipales en el balneario de Tulum. Y en plena pandemia, la brutalidad policial reapareció con la muerte del joven Giovanni López a principios de mayo de 2020. Tenía 30 años y fue arrestado supuestamente por no llevar mascarilla en el estado de Jalisco.

En el informe México: la era (ira) de las mujeres de Amnistía Internacional, la organización encontró represión policial en distintas movilizaciones de mujeres contra la violencia de género.