Escucho a un tertuliano radiofónico halagando la actitud de Pere Aragonés García, ínclito presidente de la Generalidad de Cataluña, por el simple hecho de haberse sentado a cenar en la misma mesa con el Rey Felipe VI, con motivo de la entrega del premio Carlos Ferrer Salat que otorga la patronal Fomento del Trabajo, en aras del preferible apaciguamiento vinculado a un «beneficioso clima de progresiva normalización de las relaciones institucionales en el mundo de la política catalana».
No perteneciendo dicho tertuliano, según parece, a ninguna de las sectas políticas de marras que apoyan el secesionismo, es de ingenuo, de tonto del bote o de tonto útil, que después de lo que ha llovido, y en pleno incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de diciembre de 2020, que obliga a la Generalidad a implantar un modelo con un 25% de horas en castellano en Cataluña, que se pueda pensar en políticas de apaciguamiento por el simple hecho de que los separatistas estén ahora en una especie de entente en medio de la conflagración secesionista de siempre, pero con perfil bajo, controlado, medido y estudiado.
Evidentemente, lo del supuesto «beneficioso clima de progresiva normalización de las relaciones institucionales en el mundo de la política catalana», es mentira. Y lo del apaciguamiento del tertuliano, cuyo nombre y demás adjetivos me reservo, recuerda al Pacto de Múnich firmado por Neville Chamberlain con Adolf Hitler, aceptando el desmembramiento de Checoslovaquia y la cesión de la región de los Sudetes a Alemania. Se trataba de aceptar lo que fuera con tal de evitar las amenazas bélicas de Hitler, motivo por el cual, conociendo todos el fatídico e histórico desenlace, Chamberlain se convirtió, frente al tenaz Winston Churchill, en símbolo de la endeblez, la debilidad política, la indecisión, la inmoralidad, la cobardía y el apaciguamiento con quien no se debe ni se puede apaciguar.
El apaciguamiento es precisamente, una vez más, ese peligroso estado mental social que permitió tres décadas de cesiones por parte de Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy, con sucesivos pactos con separatistas vascos y catalanes a cambio de salvar los Presupuestos, los cargos y los escaños. Hasta Franco estuvo afectado de alguna manera por este síndrome, a criterio del historiador Carlos Fernández Santander, convencido de que «benefició al País Vasco y Cataluña, con industrias, puertos, transportes, carreteras, etc., creyendo que con ello y el envío masivo de emigrantes de otras regiones iba a calmar las ansias nacionalistas de aquellos».
El efecto Churchill, por el contrario, es el que aplicaría ya, sin contemplaciones y sin complejos, el artículo 155 de la Constitución, simplemente por el hecho de incumplirse la sentencia del 25% de castellano, y en defensa de la legitimidad de las instituciones democráticas del Estado y el interés general de España.