Oficialmente, según anunció ayer el Ministerio de Sanidad, en España han fallecido ya 14.555 personas debido al coronavirus. Sin embargo, esta cifra podría ser realmente el doble, según temen las Comunidades Autónomas, que están recopilando los datos de los más de 4.000 registros civiles que existen en las regiones para mandárselas al Gobierno central, que intentará poner al día la estadística de víctimas mortales. Sin embargo, este recuento de datos está siendo más complicado de lo que se esperaba porque son muy pocos los trabajadores los que acuden presencialmente a las oficinas de los registros y muchas de las partidas de defunción no ofrecen información suficiente. Este desfase está siendo utilizado por la oposición para arremeter contra el Ejecutivo central, al que acusan de «falta de transparencia».
Toda la controversia surge de la fórmula utilizada en los dos recuentos de datos enfrentados. La clave, según se deduce de las declaraciones del Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, está en que el recuento de fallecidos del Gobierno central únicamente incluye a las personas a las que se les había realizado un test de COVID-19 y habían dado positivo. «Toda persona con diagnóstico de coronavirus que muere es computado, y las comunidades siguen esta definición, que se establece en los protocolos internacionales, y comunican los casos», puntualizó el dirigente catalán, que instó al resto de partidos a no frivolizar sobre este asunto: «No haríamos nada bien en jugar con este tema».
Los registros civiles, en cambio, están obligados a contabilizar todas las defunciones que se producen en un determinado área territorial, así como las licencias de enterramiento, que tienen que pasar, además, por los Tribunales de Justicia de cada autonomía. En estos documentos, según se pudo comprobar en el caso de Castilla-La Mancha que destapó la polémica, aparecen «sospechas» de coronavirus en un alto número de fallecidos que, sin embargo, no estaban confirmados al no haberse hecho la prueba pertinente.
En el caso de la comunidad liderada por Emiliano García-Page, el Tribunal Superior de Justicia comunicaba el pasado lunes que concedió 3.319 licencias de enterramiento en marzo, con 1.921 casos relacionados con el COVID-19. Sanidad solo tenía registrados 708 decesos, una tercera parte, por coronavirus en esa región. Esta diferencia, además, podría extenderse en el resto de comunidades debido principalmente a que han fallecido un gran número de personas en las residencias de ancianos, a los que no se les ha podido practicar una autopsia que aclarara si la muerte se ha debido al coronavirus. Por ejemplo, en Madrid, el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, reconoció ayer ese desfase de números. Así, según explicó la autonomía ha registrado, desde el 8 de marzo hasta la fecha, un total de 4.750 fallecidos en sus residencias por coronavirus, de los cuales solo 781 dieron positivo en las pruebas, mientras que los 3.479 restantes tenían sintomatología compatible, pero no fueron confirmados.
Algo similar ha ocurrido en Castilla y León, donde la Junta comunicó la defunción por COVID-19 de un total de 1.286 personas alojadas en residencias de personas mayores y centros de personas con discapacidad, de los que 512 corresponden a casos confirmados, mientras que otros 774 a fallecidos tenía síntomas compatibles con este patógeno.
La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, reconoció que «en pocos días» el Gobierno conocerá el dato oficial de ancianos muertos en residencias debido al coronavirus.