El ambiente que se respira entre los miembros del Ministerio de Trabajo con la patronal y los sindicatos después de que la CEOE y Cepyme se opusieran a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha hecho que se distancien las partes y se viva una mayor tensión entre sus órganos negociadores.

En este contexto, el Gobierno y los agentes sociales encaran a partir de hoy una semana complicada e intensa para el diálogo social. El punto de partida de este lunes tratará la segunda fase de la reforma de las pensiones pactada con la UE, tras el acuerdo alcanzado en julio para volver a ligar su revalorización a la evolución del IPC y fomentar el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la edad legal.

Esta segunda parte incluirá el diseño de un mecanismo de equidad intergeneracional que amortigüe el impacto de la jubilación de los baby boom (nacidos entre 1960 y 1975), el desarrollo del sistema de cotización por ingresos para los autónomos y el destope gradual de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Aquí, el acuerdo social se antoja más difícil, dado que los sindicatos no están por la labor de aplicar ajustes en las pensiones de los baby boomers, mientras que la patronal es contraria a un aumento de las cotizaciones máximas. 

Para mañana martes, el Gobierno quiere dejar cerrada la subida del salario mínimo interprofesional a pesar de la negativa de las organizaciones empresariales que ha imposibilitado un acuerdo tripartito, aunque tampoco está claro que los sindicatos vayan a firmar un alza inferior a 25 euros, salvo que el pacto incluya el compromiso de incrementarlo en 2022 hasta los 1.000 euros.

El Gobierno podría optar por zanjar este asunto mañana, aprobando la subida de 2021 en el Consejo de Ministros sin acuerdo social o con el concurso únicamente de los sindicatos.

Todo dependerá de la cifra elegida, si bien el ministerio de Trabajo se ha mantenido desde el principio en la horquilla recomendada por la comisión de expertos, que supondría sumar entre 12 y 19 euros a los 950 euros brutos actuales.

Mientras, el miércoles se retomará otra negociación que está en marcha desde antes de la pandemia, la del mercado laboral, con la que el Ejecutivo quiere revertir algunos aspectos de la reforma laboral de 2012, simplificar el sistema de contratación, limitar la subcontratación y poner en marcha un mecanismo de sostenibilidad de empleo.

La reforma laboral es uno de los hitos que el Gobierno tiene que completar antes de que acabe este año 2021, conforme al calendario comprometido con Bruselas como contrapartida a la recepción de los fondos para la recuperación.

Para el jueves, la mesa del diálogo tratará la ampliación de la de la prórroga de las ayudas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que expiran el 30 de septiembre.

Los sindicatos van con la idea de mantener el esquema vigente hasta entrado el mes de enero para que no caduque en plenas fiestas navideñas. Las organizaciones patronales, por su parte, volverán a plantear una mayor sensibilidad al Gobierno para mantener ayudas a las empresas y sectores como el turismo que aún no han superado la crisis del coronavirus por completo.

El Gobierno ha confirmado que las ayudas se prorrogarán, pero no ha avanzado si las condiciones serán las mismas.

«Vamos a trabajarlo con todos los datos que tenemos, siendo conscientes de que a día de hoy tenemos apenas 260.000 trabajadores en ERTE y una parte pequeña continua a tiempo completo», confirmó la ministra de Trabajo, Díaz.

Cláusula

Por su parte, las organizaciones patronales de CEOE y Cepyme, han adelantado que volverán a plantear al ministerio de Trabajo que se revise la cláusula de mantenimiento del empleo, dado que cada vez hay menos empresas en ERTE, pero muchas todavía siguen sujetas a restricciones administrativas.

Asimismo, la Seguridad Social deberá negociar la continuidad de las ayudas extraordinarias a los autónomos que han cesado total o parcialmente y cuya prórroga ha estado ligada a la de los ERTE.