Mi respeto por todos aquellos que se encuentran fuera de lugar o a disgusto con su sexo, su género o su inclinación sexual. Son personas como cualquiera de nosotros con problemas, dudas o certezas que sus padres, sus profesores, los médicos y los psicólogos o psiquiatras tienen que ayudar a resolver. Especialmente cuando hablamos de niños o niñas, de adolescentes que están descubriendo y formando su personalidad. Pero la llamada Ley Trans que ahora se encuentra en el Congreso de los Diputados por un procedimiento de urgencia, que trata de evadir un debate serio y que divide profundamente al Gobierno, entre amenazas de Podemos y vaivenes del PSOE, es una ley perniciosa y disparatada que va a crear muchos problemas de salud, física y mental, y, también, inseguridad jurídica, además de perjudicar, sobre todo, a la mujer.

Aunque el PSOE va a tratar de introducir algunas enmiendas, que corrigen alguna de las barbaridades sociales y legales que incluía el proyecto original de clara inspiración podemita, el texto sigue planteando que el Registro Civil --lo que nos acredita como lo que somos-- no recoja nuestro sexo, lo que somos biológicamente sino la "identidad sexual" que cada uno elija a partir de los 12 años, sin necesidad de razonar el cambio, y con posibilidad de modificarla en el futuro, sin límites, como proponía el proyecto original, o con algunos, con las enmiendas del PSOE.

No solo no se han tenido en cuenta los informes de numerosos organismos sobre el particular, sino que se ha hurtado el debate al Congreso, a la comunidad científica, a la comunidad educativa y a los propios padres, porque ha primado la imposición de una ideología de género y un pensamiento excluyente que ha sido rechazado por la mayor parte de las corrientes feministas, entre ellas la que es mayoritaria en el propio PSOE. Las voces de Carmen Calvo, Amalia Valcárcel, Ángeles Álvarez y muchas más han sido ignoradas y algunos han pedido que sean purgadas, y la debilidad de Pedro Sánchez ante su socio de Gobierno ha hecho el resto.

Se trata de una ley que dará inseguridad jurídica porque sustituye una cuestión biológica por una ficción que, además, se puede cambiar casi a voluntad y porque incluye límites a la libertad de expresión y reformas del Código Civil que no tienen nada que ver con esta ley. Es una ley irresponsable porque no solo no valora las consecuencias sino que tampoco prevé una evaluación de su aplicación, a pesar de ser un tema tan sensible. Es una ley que pone en riesgo la salud física y mental de los niños y adolescentes porque muchos de los tratamientos serán irreversibles. Es una ley contra las mujeres porque va a contribuir a diluir su realidad, que tanto está costando defender. Es una ley irresponsable, sexista y reaccionaria, que no es ni urgente ni necesaria. Es una ley contra el sentido común.

Los menores de 12 a 16 años necesitarán aval judicial --si Podemos mantiene su exigencia de libre autodeterminación de género como ha prometido-- para cambiar de sexo, pero a partir de los 16 no se precisará ni aval judicial ni ningún informe psiquiátrico o médico que avale las razones para el primer cambio de sexo, aunque sí se quiere introducir para los futuros, porque el proyecto inicial no marcaba ningún límite. Tampoco se garantiza que, especialmente los menores de 18 años sean informados por algún profesional, de las consecuencias, en algunos casos irreversibles, de esa decisión.

No se trata de personas transexuales sino de cualquier persona, sea o no trans, que diga serlo, en tanto en cuanto se basa en la mera manifestación expresada y con independencia de cualquier dato o hecho real. Hay decenas de barbaridades en la ley con graves consecuencias: desde que una persona casada pueda cambiar el sexo registral por su nueva decisión, sin que su cónyuge sea oído ni notificado o la presencia masculina en algunos deportes femeninos, y también en las prisiones donde, como ya sucede en Estados Unidos, delincuentes varones cambian su sexo y piden el traslado a prisiones de mujeres. Por no hablar de lo que se refiere a vestuarios, servicios públicos, hospitales, etc. Esta ley es mucho más que una frivolidad, es una colonización ideológica.