Esta vez, y sin que sirva de precedente, Page parece dispuesto a ir de la mano de Pedro Sánchez para ir al frente de la enésima guerra del agua; una guerra que se sucede periódicamente desde hace años y en la que la España levantina se opone al Gobierno central por el Trasvase Tajo-Segura, probablemente una de las obras hidráulicas más solidarias de un país que se ha caracterizado siempre por su manifiesta insolidaridad entre regiones y más desde que es un país con evidentes fronteras entre sus diversas regiones tras la llegada e implantación del Estado de las autonomías.
A cinco meses de las elecciones autonómicas, cabía esperarlo, sube el nivel del debate sobre el aprovechamiento del preciado recurso hídrico, y si bien es sabido que el agua es insípida e inodora, ya no lo es tanto en cuanto a calificarla de incolora, pues el debate político sí tiene sus colores y esos mismos tonos hacen que cada formación tiña las aguas del color que más les interesa en cada momento, ya sea electoralmente o en defensa de sus intereses geográficos. A partir de ese momento la insolidaridad voltea las relaciones de unas comunidades con otras e incluso asistamos a un curioso desenlace de posiciones en donde los gobiernos regionales terminan por olvidar las directrices de su partido y se ponen el traje autóctono y tradicional para lanzarse al frente y posicionarse en él a la espera  de que este jueves se pronuncie el dictamen del Consejo de Estado sobre los planes hidrológicos de cuenca. Murcia, Almería, Valencia y Castilla-La Mancha esperarán ese dictamen. Cuatro autonomías que difícilmente podrán ponerse de acuerdo si siguen primando criterios de insolidaridad.