No hay tregua que valga, así que toca confiar en que las sucesivas batallas de esta guerra política, que también es económica y de representatividad, no sean demasiado cruentas. Por el bien común y porque una situación tan difícil como la actual requiere que toda la atención esté puesta en aliviarla. Son muchos los frentes abiertos, pero el presidente del Gobierno no pierde ocasión de explotarlos, y si el jefe de la oposición propone rebajar el IVA del gas del 21 al 5 por ciento, se sube al carro y lo anuncia como propio, aunque con límite temporal en octubre, justo cuando el uso de combustible empezará a ser más necesario.
Claro que Feijóo, que aplaude la medida porque, no en vano, fue idea suya, no ha tardado apenas en proponer que se extienda durante todo el invierno para que sea de verdad efectiva. Veremos cuánto tarda Sánchez en apropiársela con matices, esgrimiendo la bandera del servicio a los colectivos que más están sufriendo. Es posible que lo haga hoy mismo, en el esperado cara a cara con el presidente de los populares en el Senado.
Y como las últimas encuestas reflejan una clara ventajas del Partido Popular sobre el Partido Socialista si hubiera ahora elecciones generales, Sánchez contraataca con un inicio del curso político junto a cincuenta de los cientos de ciudadanos que habían escrito a La Moncloa planteando quejas y peticiones. Esta vez no se ha centrado en las grandes líneas económicas ni se ha visto con las empresas del Ibex 35. Se ha juntado con ese medio centenar de personas seleccionadas, respondiendo a algunas de sus cuestiones y aprovechando para anunciar que las empleadas de hogar cobrarán paro. Además, se declara defensor de las clases medias trabajadoras, que son las que su Ejecutivo dice haber escogido como centro de los afanes de este nuevo curso, y arremete contra los «catastrofistas» que solo hablan de recesión sin dar una sola oportunidad a la esperanza y a algunos datos positivos de la economía. Al tiempo que sucedía esto, el líder del PP aprovechaba para volver a criticar la política errática de un Ejecutivo de coalición, cada día más dividido y que, a su juicio, solo acierta cuando rectifica.
Por si no bastara, a aquello de que las cosas de palacio van despacio, se suma la situación de la cúpula de la justicia, con un Consejo General del Poder Judicial cuya renovación arrastra cuatro años de retraso y cuyo presidente, Carlos Lesmes, señala públicamente que el Gobierno miente al decir que él se postula para entrar en el Constitucional. Al PP le parece un chantaje «inadmisible» y el PSOE se parapeta en que es su contrincante político el que incumple la Constitución al no avenirse a la renovación.
Con todo esto sobre la mesa, no parece que del cara a cara salga hoy un vencedor de la guerra política y, lo que es peor, tampoco soluciones para los más perjudicados.