El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha (Cermi), la organización de consumidores Facua, la confederación de asociaciones vecinales CAVE y los sindicatos UGT y CCOO han decidido hacer frente común contra la proliferación de estaciones de servicios desatendidas en la comunidad, unas 340 en estos momentos. ¿El motivo? Que, como advierten, su proliferación solo beneficia a las empresas low cost que las ponen en marcha. Y es que, «el impacto de este modelo de negocio sin atención y sin seguridad para los usuarios, está generando una merma demoledora en la creación de empleo, produce competencia desleal contra las estaciones con personal, y merma la seguridad, accesibilidad y protección de la ciudadanía en Castilla-La Mancha a este servicio», denuncian.
De momento, este tsnami social ya han solicitado una reunión con el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, para conocer en qué punto se encuentra el borrador de decreto para regular las estaciones de servicio en la región, en el que lleva trabajando desde hace dos años y que ya habría pasado el visto bueno del Consejo Consultivo. Según explican, el texto que está ahora mismo sobre la mesa de la Junta de Comunidades sigue las directrices ‘liberalizadoras’ de la normativa estatal aprobada en tiempos de Rajoy, eliminando la actual obligación de contar con al menos un trabajador en cada turno en las gasolineras castellano-manchegas, tal y como aparece en la normativa autonómica vigente aún hoy, aprobada en 2005.
Una exigencia que, por otra parte, ni siquiera se estaría cumpliendo, visto el número de gasolineras de este tipo en marcha en la región. Como critican,la baja cuantía de las multas (unos 300 euros) «compensa» a los empresarios a seguir incumpliendo la ya citada normativa autonómica, por lo que reclaman también un aumento del gravamen de las sanciones en este futuro decreto.
Cabe recordar que en 2017 el Gobierno de Castilla-La Mancha constituyó una Mesa sobre Estaciones de Servicio para elaborar el decreto que aún tiene en el aire, mesa que posteriormente abandonaron CCOO y UGT cuando, según los sindicatos, el Gobierno pretendía autorizar las gasolineras desatendidas alegando a normativa europea que obligaba a liberalizar el sector.
Uno de los sectores más reivindicativos en este sentido es el de la personas con discapacidad. Como apunta Marcelina de la Vega, de Cermi, «nuestra prioridad es garantizar y luchar por la igualdad de derechos y acceso a los servicios» y «las estaciones desatendidas limitan muchísimo la libertad de movimientos de las personas con discapacidad».
Es más, «cuando hablamos de una Castilla-La Mancha despoblada y de que el porcentaje de personas con discapacidad que viven en el medio rural cada vez es mayor y ven muy limitadas sus posibilidades de acceso al empleo en igualdad de condiciones al resto», concluye.