Tal y como adelantaron ayer en la manifestación por el Día de la Mujer, varios miembros de la Coordinadora 8M han presentado esta mañana un escrito en la Subdelegación del Gobierno, dirigido a su máximo responsable, en el que han solicitado que cese el acoso a las mujeres que acuden a la Clínica Iris de la ciudad, en la cual se practican abortos.

Juana Ibáñez Fúnez, representante de la Coordinadora 8M, manifestaba que llevan años luchando para que no se moleste a estas mujeres. "Llevamos denunciando el acoso que sufren las mujeres que van a interrumpir su embarazo a la Clínica Iris y el acoso que sufren las propias trabajadoras de la Clínica Iris, por grupos antielección. Hasta ahora la Subdelegación del Gobierno siempre nos ha recibido muy atentamente, pero siempre nos ha dicho que no se podía hacer nada, porque no había una ley que les amparase para poder actuar y evitar ese acoso".

Sin embargo, afirma que ahora están amparadas por la Ley, a partir de la reforma que se ha hecho del Código Penal, concretamente del artículo 172, que dice que "el que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer, mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos, que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. El Tribunal podrá imponer además la prohibición de acudir a determinados lugares, por tiempo de seis meses a tres años".

Por eso desde la coordinadora, Ibáñez se muestra convencida de que "se está vulnerando totalmente esta ley, que se está incumpliendo y que tenemos una posibilidad de que actúe ya directamente la Subdelegación del Gobierno. Hasta ahora no nos están haciendo caso, queremos presentar el escrito por parte de la Coordinadora 8M, para que se tomen medidas".

Por todo ello, piden al subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, que actúe. "Hasta ahora la Policía no podía actuar, porque ellos interpretaban que no había un acoso directo, pero nosotros pensamos no es quien debe interpretar esta norma, sino que es la Subdelegación del Gobierno tiene que determinar si tiene que actuar la Policía o no y no permitir que se siga actuando de esa manera".