Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Valdeganga una organización que, encabezada por dos familias y con el apoyo del responsable de una gestoría especializada en trámites de extranjería, utilizaban empresas agropecuarias para explotar laboralmente a trabajadores, en su mayoría de origen marroquí. Se han practicado tres registros en una localidad manchega y hay 11 personas detenidas.

Un supermercado como residencia

La investigación se inició en octubre de 2020 con la localización de varios domicilios en una localidad de la provincia de Albacete que estaban siendo utilizados para registrar y empadronar a un elevado número de ciudadanos. 

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes pudieron constatar que las víctimas eran captadas por el responsable de una gestoría especializada en trámites de extranjería que, en connivencia con dos familias asentada en la localidad, había usado un domicilio y un supermercado propiedad de esas familias para inscribir y registrar de manera fraudulenta al menos a 94 ciudadanos extranjeros, siendo este uno de los requisitos necesarios para poder tramitar la regularización de su situación en España. Cabe destacar que la empresa de gestoría a la que hace referencia la Policía Nacional es la que regenta Mostafá Snabi, que defiende su inocencia y que se encuentra en prisión actualmente por estos hechos.

Una de las familias del entramado ponía a disposición tres de sus empresas del sector agropecuario para facilitar contratos de trabajo a esos ciudadanos, otro de los requisitos para su regularización, y eran explotados laboralmente en fincas de la organización donde estaban controlados por dos capataces de su misma nacionalidad. Algunos de esos trabajadores se alojaban en las propias fincas, donde vivían en condiciones infrahumanas.

La operación ha concluido con el registro de dos domicilios y una granja porcina en la localidad albaceteña de Valdeganga. Hay 11 personas detenidas –una de ellas ha ingresado en prisión- a las que se les atribuye delitos de trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal y falsedad documental, entre otros. Se ha intervenido 1.100 euros y abundante documentación probatoria.