Miembros del gobierno se ponen de los nervios cuando autoridades europeas expresan su preocupación por la situación de la Justicia española y la calidad de la independencia judicial. Se ponen de los nervios y culpan al PP por esa imagen que a menudo se hace visible en Bruselas, donde se ha escuchado más de una voz, no española, no húngara, no del PP, que expone sus dudas. El gobierno de Sánchez considera intolerables esas dudas pero, para su pesar, son numerosos los ejemplos de intromisión o intentos de intromisión en asuntos estrictamente judiciales cuya resolución tenía importantes consecuencias políticas.
Sin ir más lejos, el caso de Puigdemont en Cerdeña genera muchas preguntas sin contestar, más aún al conocerse el documento de alegaciones de los servicios jurídicos del gobierno español al Tribunal Europeo en el que se solicitaba que se pronunciara sobre la pérdida de inmunidad de Puigdemont, a pesar de que había sido aprobada por el Parlamento Europeo. Llueve sobre mojado, no se puede olvidar que el Supremo, años atrás, cambió el criterio que había mantenido respecto a los independentistas procesados, sedición en lugar de rebelión, que es lo que decía la Abogacía General del Estado.
Los últimos años se han producido varias discrepancias entre el TS y el gobierno ante decisiones polémicas, como ha ocurrido también con el Tribunal Constitucional. Estos días se espera con atención lo que dictamine sobre la legalidad del segundo estado de alarma decretado por el gobierno, con distintos sectores implicados advirtiendo que no se daban las condiciones que exigía la ley y acudieron al TC para que se pronunciara. Es probable que, una vez más, se produzca la división en una institución del Estado y voten sus miembros en función de la lealtad al partido que les propuso. Situación que se ha producido con frecuencia a lo largo del tiempo, aunque hace años que tanto en el TC como el Consejo General del Poder Judicial se han empeñado a fondo para buscar la unanimidad, con importantes resultados. Todo eso sin embargo ha saltado por los aires y es habitual que jueces y fiscales se quejen de presiones que, con razón, consideran inaceptables.
El punto flaco del PP, en el que el gobierno golpea con fuerza acusando a Cado de falta de sentido de Estado, es el empecinamiento en exigir que antes de proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial se cambie el sistema de elección. Parece que, finalizada su convención, el PP se pondrá a la tarea de negociar esa renovación, pero con otra exigencia previa: que Sánchez se comprometa a cambiar el sistema una vez que se haya nombrado el nuevo CGPJ.
Lo importante es lo primero, la renovación. Entre otras razones porque entonces se verá si unos y otros, gobierno y PP, apuestan por vocales leales a machamartillo o por profesionales que tienen a gala su independencia.