Estamos una campaña electoral para las elecciones generales del próximo domingo y una precampaña para los comicios municipales, autonómicos y europeos del 26 de mayo. Y toda munición es poca para atacar al adversario. Así han debido pensarlo los estados mayores del Partido Popular y Ciudadanos en la región al airear un informe del Tribunal de Cuentas del Estado que cuestiona las contrataciones públicas efectuadas entre 2016 y 2017 por la Junta presidida por el socialista Emiliano García-Page. El informe como tal existe, pero lo que obvian ambas formaciones es que no afecta sólo a Castilla-La Mancha, sino también a otras seis comunidades y ciudades autónomas.

Quien acuda a la web del Tribunal de Cuentas a buscar un informe específico sobre contratos públicos en Castilla-La Mancha durante los años 2016 y 2017 que se acabe de divulgar, no lo encontrará. Pero sí verá un ‘Informe de Fiscalización de  la contratación de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin Órgano de Control Externo propio, ejercicios 2016 y 2017’, el último aprobado y publicado. En él aparece Castilla-La Mancha, al estar esta fiscalización en manos del organismo estatal debido a la eliminación de la Sindicatura de Cuentas regional en la pasada legislatura. Pero junto a esta Administración autonómica se retrata a otras sin órganos propios de control de cuentas. Estas son las de Cantabria (gobernada por regionalistas y PSOE), Extremadura (PSOE), Ceuta (PP), Melilla (PP), y Murcia y La Rioja (gobernadas por el PP pero con apoyo parlamentario de Ciudadanos).

Fuentes del Tribunal de Cuentas han confirmado a este medio que no existe más informe referido a la fiscalización de la contratación pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante los años 2016 y 2017 que el que la engloba con las administraciones de las otras seis autonomías sin contralorías propias, que se divulgó a mediados de este mes. Las mismas fuentes matizan que no se estudian todos los contratos de estas administraciones, sino un muestreo sobre los facilitados.

El informe es un voluminoso texto de 756 páginas. Pero es resumido por el Tribunal de Cuentas mediante una nota de prensa en la que no se hace especial reproche a Castilla-La Mancha u otra de las siete autonomías indagadas.

«En la totalidad (...) se ha observado deficiencias».

La nota del máximo órgano de contabilidad pública de España afirma en uno de sus párrafos que «en la totalidad de las Comunidades y Ciudades autónomas incluidas en el ámbito de la fiscalización se ha observado la presencia de deficiencias que inciden en los criterios de contratación utilizados». Así, se señalan carencias como «la falta de relación con las cualidades intrínsecas de la prestación objeto del contrato, por la falta de concreción suficiente de los criterios sometidos a juicio de valor o de los extremos que van a ser objeto de valoración al momento de presentar las ofertas y de la forma de otorgar las puntuaciones.

El informe añade que «igualmente se han observado deficiencias en todas las Comunidades y Ciudades autónomas en relación con los plazos de ejecución de las prestaciones correspondientes al contratista, produciéndose demoras no siempre justificadas convenientemente, debidas en ocasiones a deficiencias en la planificación».

Por último, el informe incluye una serie de recomendaciones para que las autonomías estudiadas mejoren sus procesos de contratación pública, como mejorar las fases de planificación previas a una contratación, o mejorar descripción técnica de las necesidades a cubrir.

Agudo amenaza a Page con los tribunales y Picazo hará una oficina contra la corrupción.

La secretaria regional del PP, Carolina Agudo, salió en tromba este lunes con el Informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización de contratos públicos. Lo hizo en una rueda de prensa en la que afirmó que  el Gobierno de García-Page «ha gastado 1.000 millones de euros en colocar y contratar a sus amiguetes» y avisó que «vamos a investigar lo sucedido, a depurar responsabilidades y, en su caso, a ponerlo en mano de los tribunales».

Agudo habló de «656 anomalías en contratos públicos, sin acreditar urgencias», lo que tachó de «auténtico escándalo». Esta cifra sí que aparece en el informe vinculada a Castilla-La Mancha. Pero hace referencia al total de contratos comunicados por la Junta al Tribunal, que suman cerca de 1.000 millones de euros. En el punto donde aparecen, el Tribunal no los tacha de anómalos. El Tribunal también aclara que su informe controla la contratación en general de bienes y servicios, no estrictamente las de personal.

Por su parte, la candidata de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Carmen Picazo, hacía un uso regional de un informe que abarca a media España para anunciar que «crearemos la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Castilla-La Mancha, que estará formada por personas independientes elegidas con mayoría reforzada de las Cortes para fiscalizar cada euro público».

Picazo concluía sobre este informe que «el Tribunal afirma que en un importante número de contratos adjudicados bajo la Presidencia de Page no se justifica ni la necesidad, ni la cuantía de los contratos, no se comprueba que haya crédito suficiente para su adjudicación y no se planifican los contratos con la debida antelación», algo que calificó como «demoledor».

Hacienda aclara que se han hecho observaciones a 68 de 3.000 contratos realizados.

La Consejería de Hacienda salía en la tarde del lunes al paso de la polémica con este informe a través de una nota en la que aseguraba que «la contratación pública -de la Junta- se ajusta a los principios de legalidad y transparencia, que no pone en entredicho el Tribunal de Cuentas». Entrando al detalle, la Consejería reducía el impacto de este informe asegurando que el órgano controlador «ha realizado observaciones en relación con 68 contratos de los más de 3.000 que fueron formalizados durante los ejercicios 2016 y 2017 por el Gobierno regional».

Por otra parte, Hacienda confirma que el citado informe se refiere «a las cinco comunidades autónomas que no disponen de un órgano de control externo propio, una serie de observaciones en los contratos examinados de las comunidades de Cantabria, Extremadura, Murcia, La Rioja y Castilla-La Mancha, además de las ciudades -autónomas. de Ceuta y Melilla».