Cuenca vuelve a sonreír gracias a una buena noticia. Después de muchos meses de trabajo silente pero constante, la capital acogerá el Centro de Estudios Penitenciarios. Así lo dio a conocer el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, en la Comisión de Interior celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados. Era un secreto a voces en determinados círculos, pero en aras de no tirar por tierra el proyecto hasta conseguir la confirmación oficial por parte del Ejecutivo nacional, todas las partes implicadas han permanecido en un segundo plano. De esta forma, Cuenca se ha impuesto en una carrera en la que también se barajaron como posibles emplazamientos ciudades como Burgos, León, Soria y Santander, entre otras.

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, Ortiz señaló que la decisión ha sido “difícil y muy meditada”, pero que al final se “se ha tenido en cuenta” la oferta de infraestructuras presentada por Cuenca, fundamentada en la residencia universitaria María de Molina, así como en el complejo en el que se encuentra el colegio de San Julián. También ha jugado un papel importante la posición geográfica de la ciudad, así como sus comunicaciones. Ortiz también destacó como punto a favor que, “con carácter inmediato”, se puedan utilizar las instalaciones que la UCLM tiene en la ciudad. El secretario general de Instituciones Penitenciarias recalcó la importancia de la noticia basado en el impulso que supone para un territorio como éste, tan atacado por la despoblación.

La asociación de trabajadores de instituciones penitenciarias ‘Tu abandono me puede matar’, que en Cuenca coordina Enrique Merás, ha sido la gran impulsora de este proyecto. Desde hace mucho tiempo viene trabajando a todos los niveles para que la instalación de esta infraestructura en territorio conquense fuera una realidad. Este colectivo siempre ha cantando los enormes efectos positivos que un recurso de este tipo podría tener para Cuenca, ya que sería un polo de atracción de personas, una fuente de riqueza directa e indirecta, un foco de creación de empleo y, por tanto, un notable freno al problema de la despoblación.

A nivel político, no solo se ha producido una alineación entre todas las administraciones –Ayuntamiento, Diputación y Junta de Comunidades– para remar en el mismo sentido, sino también entre los partidos de la oposición. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre se aprobó por una unanimidad en el Consistorio una moción para que la ciudad fuera sede del centro, de la misma manera que en las Cortes regionales se hizo lo propio con una declaración que perseguía este mismo objetivo.

También en septiembre de 2020, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados votó a favor de una Proposición No de Ley en la que instaba al Gobierno central a que pusiera en marcha este centro de estudios, además de modernizar el sistema penitenciario español. Una infraestructura que situaría a Cuenca dentro del organigrama estatal y en un lugar que “nunca debió abandonar”, tal y como destacó Merás en su momento.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, planteó hace tiempo la necesidad de llevar a buen puerto una escuela de estudios para atender tanto la formación inicial de los funcionarios de nuevo ingreso, como la formación continua de los profesionales de instituciones penitenciarias. De hecho, ésta era una antigua aspiración de los trabajadores de este ámbito público, cuya creación se recoge en una orden de hace dos décadas. Hasta la fecha, estos cursos se imparten, fundamentalmente, en Madrid y la intención es erigir un espacio para tal fin, al estilo de la Academia de la Guardia Civil en Baeza (Jaén) o la Academia de la Policía Nacional en Ávila.