El Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos consiguió ayer sacar adelante los presupuestos generales del Estado, con una más que considerable mayoría -189 escaños- gracias a sus acuerdos con ERC, Bildu y nacionalistas, lo que suponen 22 votos más a favor que los que logró Pedro Sánchez en su investidura. La aprobación garantiza al Ejecutivo la legislatura y tratarán de, empujados por el fondo de ayuda que llega desde Bruselas, paliar la difícil situación económica en la que se encuentra inmersa España.
El objetivo, alejado de las cesiones que se han hecho a los abertzales de Bildu y a los republicanos de Rufián, algunas de las cuales nada tienen que ver con inversiones económicas, busca conseguir un repunte de los ingresos del Estado superiores al 33 por ciento con respecto al presente ejercicio, algo que diversas instituciones ya han calificado como una quimera, analizando las perspectivas y los indicadores que buena parte de los organismos económicos han presentado en las últimas semanas. Sin ir más lejos, la OCDE advertía esta semana que España iba a registrar la mayor caída del PIB de los países que lo conforman, con una recesión del 11,6 por ciento. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea han ido más allá, vaticinando un panorama más negro, con un desplome del mercado laboral, cuya sangría continuará en los dos próximos años, que no se recuperará hasta 2023. España se enfrenta a un reto mayúsculo. La pandemia ha trastocado todo, provocando una crisis sin precedentes que hace más necesario que nunca que las políticas que se lleven a cabo cuenten con el mayor consenso posible y el visto bueno de patronal y sindicatos. Es el momento de alejarse de intereses partidistas y recuperar el espíritu del Pacto de Toledo.
Con estos mimbres y un déficit que puede cerrar este 2020 en el 117 por ciento, los presupuestos deben hilar muy fino para hacer frente a una crisis estructural que se ha llevado por delante a más de 80.000 empresas desde el mes de febrero y que siete de cada 10 de las compañías que han logrado sobrevivir empiezan a necesitar liquidez para continuar con su actividad. El aumento del techo del gasto y de la deuda pública caracterizan las Cuentas del próximo año, unos presupuestos que traerán una subida de impuestos directos e indirectos, un giro en la política fiscal que muchos dudan que pueda servir como base para la recuperación, sino más bien como una estrategia cortoplacista que va a castigar al sector privado y a las clases medias, ralentizando que los números rojos vuelvan a ser verdes.