El pasado 8 de marzo, en uno de los polémicos ‘viernes sociales’ con Consejo de Ministros, el Gobierno aprobaba el real decreto que modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo que respecta al control de jornada. De esta forma, se retoma la obligación de que las empresas lleven un registro diario del horario de sus trabajadores, que deberá incluir el inicio y finalización de la jornada, «sin perjuicio de la flexibilidad horaria».

Entre otras cuestiones, se establece que las compañías deberán conservar los registros durante cuatro años y que permanecerán a disposición de los trabajadores, sindicatos y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Las empresas disponen de dos meses desde la publicación del real decreto en el BOE para poner en marcha esta medida, que será obligatoria para todos a partir del próximo 12 de mayo.

Esta circunstancia ha llevado a que desde la Patronal albaceteña se haya constatado «un incremento de consultas sobre cómo les afecta la nueva normativa y cómo tienen que realizar ese control de jornada», afirma el responsable del área de Laboral de FEDA, Virgilio Navarro Pallarés. Aún así, la Confederación de Empresarios de Albacete se había adelantado a este hecho y, como añade Navarro, «ya llevábamos un tiempo realizando una campaña de información y concienciación a las empresas», advirtiéndoles de que se iba a reimplantar.

No es algo nuevo. Porque, como expone también desde FEDA el responsable del Área Jurídica, Paulino Cuervas-Mons, «el control de la jornada no es una decisión nueva, ya estuvo en funcionamiento», aunque el Tribunal Supremo, en la primavera de 2017, eliminó la obligatoriedad, argumentando que era necesario modificar la normativa, algo que ahora ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez con este real decreto.

«Sí estamos recibiendo muchas dudas de los empresarios», admite Cuervas-Mons, que indica que hay «cierta incertidumbre» en cómo se va a aplicar este requisito «en el caso de trabajadores desplazados, como pueden ser los transportistas o los de empresas de obras».

El sistema para controlar la jornada de los trabajadores lo decidirá cada empresa de la forma en que crea más conveniente y efectivo. «La opción más común es el papel en las empresas de hasta 50 trabajadores», comenta el responsable del área Jurídica de FEDA pero «habrá que ver cómo se pueden adaptar las empresas que no tienen un centro de trabajo fijo para todos sus empleados, como las de construcción o metal, que son bastantes en la provincia».

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