Era de esperar que, superado el ecuador de la legislatura, el pacto cogido con alfileres entre PSOE y Unidas Podemos comenzara a mostrar grietas y las fricciones aflorasen por el afán de cada uno de los actores protagonistas en hacer valer su liderazgo en las diferentes medidas que se han ido asumiendo, sobre todo en las de corte social (salario mínimo, Ley de Vivienda...). La reforma laboral forma parte, como la Educación, del capítulo de política de tierra quemada que cada inquilino de Moncloa pretende establecer para marcar fronteras con su predecesor. Un apéndice que ha terminado por desatar las hostilidades entre los socios de Gobierno. Si la salida de Pablo Iglesias estaba llamada a inaugurar un proceso de entente cordial entre dos aliados condenados a entenderse, el desembarco de Yolanda Díaz ha hecho saltar por los aires una alianza que va tocando a su fin. De hecho, los Presupuestos que se redondearán en las próximas jornadas serán los últimos que el dueto político acuerde esta legislatura. Los electores decidirán quién escribe los venideros.

La derogación de la reforma laboral, prerrogativa de la vertiente podemita, ha dinamitado un contrato con el PSOE que mira a la izquierda pero no hace ascos al votante de centro tras virar de la izquierda a la socialdemocracia en el último congreso, celebrado en Valencia. No transmite una imagen idílica la pugna entre los socios de cara a que España cumpla con las exigencias plasmadas para el reparto de los fondos europeos, que establecían, entre otros condicionantes, una reforma laboral que enfrenta a dos pesos pesados: una Yolanda Díaz que encabeza la voz sindical, empoderada por CCOO y por el paternalismo del propio presidente del Gobierno, y una Nadia Calviño que se erige en la voz moderada del Ejecutivo sanchista. Este martes tratarán de conciliar posturas a sabiendas de que Díaz, que ha pasado por la izquierda a Belarra e Irene Montero, puede convertirse en el caballo de Troya de los socialistas, dispuesta a asaltar el trono del endiosado Sánchez. A estas alturas, UP ya es consciente de que la política actual no sabe de acuerdos ni a medio ni largo plazo y que los pactos están para romperlos, entre otras cosas porque la realidad es cambiante y lo firmado no entiende de crisis ni otras pandemias.

Si a nivel doméstico los mensajes se atenúan, ha sido el escenario del G-20 el elegido por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y por Pedro Sánchez para amortiguar las pretensiones de sus socios. El presidente del Gobierno no habló de derogar, sino de «modernizar» y cambiar «algunas cosas». Sea cual fuere la profundidad de las reformas, estas han de obviar cualquier tipo de objetivo electoral de sus promotores. Igual de viciada nacería la reforma de no tener en cuenta a actores como los sindicatos o la empresa, que, de forma estoica, ha soportado el peso de la crisis sanitaria y parece ahora mera convidada de piedra en un escenario que, aunque le pese al ala más radical del Gobierno, requiere de su protagonismo.