Cada cierto tiempo y siempre desde el mismo lado del espectro político surge la propuesta de que se deje gobernar a la lista más votada. El Partido Popular relanza la idea periódicamente cada vez que está en disposición de ganar unas elecciones, pero puede quedarse sin el poder porque no ha tenido con quien pactar o no le gustan las posibilidades de pacto que se le presentan.  Durante mucho tiempo el PP se veía obligado a conseguir la mayoría absoluta porque no tenía con quien pactar, y hasta que surgieron Ciudadanos y Vox no contaba con hipotéticos socios que le facilitaran mantener el poder territorial. Tras volver a recuperar a los votantes de Ciudadanos, solo le queda pactar con la ultraderecha para gobernar. Que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo,  quiera eludir su responsabilidad de cortar el paso a la ultraderecha responsabilizando al PSOE de echarle en manos de Vox al no aceptar que gobierne la lista más votada es una excusa bastante débil por cuanto el PP no renunció a ocupar el poder cuando pudo, pese a perder las elecciones.   

Esta es una de las medidas incluidas en el Plan de calidad institucional y regeneración democrática presentado por Feijóo en Cádiz,  que está atravesado de una concepción adanista de la acción política, como si el PP no contara con una historia detrás en la que ha tenido oportunidad  de aplicar todas las medidas que ahora presenta como una novedad y no solo no lo ha hecho sino que actuó de la misma forma que ahora considera una colonización de las instituciones o una degradación de su actuación.  

Escuchar al líder del PP realizar propuestas sobre la independencia del Fiscal General del Estado, de los directores del CIS, del INE o de RTVE, y analizar la nómina de los nombramientos para estos organismos cuando han gobernado, produce un cierto sonrojo porque no se podría predicar de las personas que han ocupado esos cargos que su característica más genuina haya sido la independencia con respecto a quienes los nombraron. Por no hablar de las designaciones para magistrados del Tribunal Constitucional. Y otro tanto ocurre sobre la renuncia a utilizar en demasía la vía del decreto ley para gobernar, acabar con las puertas giratorias, o que se reúnan periódicamente el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, o que se fije por ley la celebración del debate sobre el estado de la Nación, asuntos en los que el anterior presidente del Gobierno perteneciente al PP, Mariano Rajoy no se daba por aludido. O sea, que no es la primera vez que los partidos presentan un plan de regeneración democrática cuando se encuentran en la oposición para olvidarlo al llegar al Gobierno. Y como el movimiento se demuestra andando, nada mejor para regenerar la vida política que cumplir la Constitución incluso en aquellos aspectos que perjudican los intereses del PP, como en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.  

Pero de vuelta a la medida estrella del 'plan Feijóo' para que gobierne la lista más votada, iniciativa en principio solo aplicable en las elecciones municipales, tiene varias contraindicaciones, puesto que choca con la concepción proporcional del sistema democrático español; y en segundo lugar, ha sido rechazada por Isabel Díaz Ayuso, que le vuelve a marcar el territorio a su presidente y con una sola frase le ha arruinado la campaña.