Trabajadores más pobres y precarizados. Ingreso Mínimo Vital que no llega. Ayudas solidarias de emergencia escasas y temporales. Ante esta dura realidad que sufren miles de familias en España, el Gobierno de Sánchez ha decidido prorrogar hasta el 30 de septiembre el escudo social que aprobó ante la crisis económica del Covid-19 que prohíbe los desahucios de personas sin alternativa habitacional.
Se trata de una decisión que debería paralizar los desahucios y lanzamientos de vivienda habitual para personas con dificultades económicas y en situación de vulnerabilidad. Sin embargo y a tenor de las últimas estadísticas actualizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los lanzamientos de viviendas en la provincia de Albacete no dejaron de aumentar durante el año 2021, a pesar de que este escudo social seguía en vigor. Así, entre enero y septiembre del pasado año, los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Albacete tramitaron 165 lanzamientos, 46 más que durante todo el año 2020, a falta de sumar los que se practicaran en el último trimestre de 2021.
De esos 165 desalojos, 119 correspondieron a procedimientos aplicados por la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, fueron desahucios por impagos del alquiler, lo que representa el 72% del total. Si se compara con la anualidad de 2020, los lanzamientos de inquilinos hasta el tercer trimestre de 2021 aumentaron un 13,4%.
Lo que también experimentó un repunte llamativo fueron los lanzamientos hipotecarios:46 entre enero y septiembre del año pasado frente a los 16 que se practicaron a lo largo de todo el año 2020, pero muy próximos a los 55 que se autorizaron en 2019.
Las cifras publicadas por el CGPJ verifican que los lanzamientos autorizados por los tribunales en los nueve primeros meses del año prácticamente alcanzan cifras anuales de 2019.
«Los jueces ya no están suspendiendo», afirma el responsable del servicio de mediación judicial de Cáritas Diocesana de Albacete, José Sánchez Sánchez, programa dedicado a la atención jurídica de familias vulnerables o en situación o riesgo de exclusión social, principal perfil perjudicado por los desahucios de viviendas alquiladas.
José Sánchez corrobora que durante 2021, los desalojos de personas y familias que no podían hacer frente al pago del alquiler de la vivienda habitual siguieron sucediéndose incluso, con un mayor volumen que en 2020, a pesar de ese escudo social del Gobierno estatal que ahora ha prorrogado.
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