La batalla fiscal ha comenzado. Y con ella, la batalla ideológica. El presidente de Andalucía abría el debate esta semana al prometer eliminar el impuesto sobre el patrimonio, o lo que es lo mismo, el impuesto sobre las grandes fortunas –aquellas que poseen más de un millón de euros en patrimonio–, con la excusa de atraer nuevos ricos a su comunidad, o evitar que los que hay se marchen, no vaya a ser que se les esté pidiendo demasiado. Todo hace indicar que el movimiento viene 'marcado' por la dirección nacional en Génova, ya que detrás de Juanma Moreno Bonilla se han apresurado a anunciar nuevas rebajas en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, Murcia ahora, y en la de Castilla y León, gobernada por Fernández Mañueco con Vox. También Castilla-La Mancha, si bien es verdad que lleva tiempo pidiendo una «rebaja generalizada» de impuestos, le ha servido para volver a reclamarlo esta vez por medio de una carta al presidente de la comunidad, Emiliano García-Page.
Y aquí tenemos el debate ideológico: si bajar impuestos es solo de derechas o si mantener los servicios públicos adecuados a las necesidades de la ciudadanía es solo de izquierdas. O si quitarle al 0,2% de la población, la más rica de este país, un impuesto que sirve para financiar los servicios públicos básicos, que tendrá que ser repercutido en el 99,8% de la población restante, es un acto de justicia y solidaridad, o por el contrario es un acto electoral.
El argumento con esto de bajar impuestos siempre ha sido el mismo. Si se grava menos a la gente y a las empresas más fácil lo tendrán para generar riqueza, empleo y completar así un «círculo virtuoso» en el que todo se retroalimenta. Pero no todas las comunidades autónomas son iguales, y las particularidades de una y otra hacen difícil que, como proponía el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se recentralicen determinados impuestos. Es fácil para una comunidad como Madrid hacer ese tipo de competencia desleal tributaria –dumping fiscal–, siendo la capital del país, con su población concentrada en apenas unos metros cuadrados, con las infraestructuras que tiene, y con la cantidad de empresas ya instaladas que alberga, ofrecer nuevas rebajas fiscales. Eso sí, no sin consecuencias en otros servicios públicos ya que es notorio el declive que está experimentando la sanidad o la educación, y que están padeciendo sus ciudadanos.
Hacerlo en Castilla-La Mancha, que ya es una de las regiones con menos presión fiscal del país, y suprimir el impuesto sobre el patrimonio, sería beneficiar a apenas unas 3.000 personas –de dos millones de habitantes– con más de un millón de euros, y provocar una erosión de los servicios públicos de la comunidad, sabiendo que no cuesta lo mismo tener un hospital en la calle Diego de León de Madrid que llevar un consultorio médico a la comarca de Molina de Aragón. Y eso puede suponer además un enfrentamiento entre comunidades autónomas, olvidando cualquier principio de solidaridad.
La batalla fiscal es ideológica, pero ahora sobre todo es electoral. Esperemos que nadie incurra en una irresponsabilidad fiscal.