Con los datos oficiales del padrón a 1 de enero de 2022 ya definitivos, la provincia de Albacete perdió más de 14.000 habitantes en la última década y su población se reduce a menos de 386.000 personas. El crecimiento poblacional se detuvo en el 92% de los municipios albacetenses, es decir, en 87 núcleos urbanos, mientras que el resto, el ocho por ciento o en ocho localidades, ganaron vecinos empadronados. Estas excepciones son Chinchilla de Montearagón, La Gineta, Mahora, Motilleja, Viveros, Peñas de San Pedro y Villa de Ves, aunque el crecimiento de vecinos es prácticamente insignificante, salvo en el caso de Peñas de San Pedro. El Ayuntamiento de esta localidad emprendió hace unos años políticas de fomento de la natalidad y protección de la familia que a medio plazo le dieron resultado a tenor de los datos.
Los grandes municipios tienen una tendencia a la baja, pero llama sobre manera el caso de Villarrobledo, donde la sangría de habitantes es acusada. La mecanización de las labores del campo hizo que el empleo descendiera drásticamente y el éxodo de jóvenes lleva a que el 80% de los estudiantes que se van fuera no regresen a buscarse un puesto de trabajo en su localidad.
La despoblación sigue con su lento, pero continuo, avance en la mayor parte de la provincia. Se acentúa en comarcas concretas como las sierras del Segura y Alcaraz, donde le envejecimiento de la población es más acusado, pero ya afecta a la práctica totalidad del territorio provincial.
Según los datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE), el área de influencia de la capital parece que se resiste a esa pérdida de población. La capital en sí misma pierde unos 300 habitantes en una década, pero poblaciones de su alfoz como Chinchilla de Montearagón, La Gineta, Mahora o Motilleja registran tímidos incrementos de vecinos, con lo que se puede concluir que la capital consigue que haya una población que reside en pequeñas y medianas localidades cercanas y tengan su empleo en la ciudad.
Las instituciones públicas no pueden olvidar el problema de la despoblación. Tanto ayuntamientos como la Diputación Provincial o la Junta de Comunidades, gobierne quien gobierne, deben insistir en políticas de fomento de la natalidad y generación de puestos de trabajo, sin olvidar el mantenimiento o el restablecimiento, en su caso, de los servicios básicos de los municipios situados en el ámbito rural. Ya de igual que se trate de pequeñas o medianas localidades, porque según el padrón la sangría de habitantes afecta a toda clase de núcleos poblados. Hasta que no se hagan políticas reales en este sentido, la provincia perderá población.