Tras el despido de varios trabajadores del Cicuito de Velocidad se produjo una denuncia sobre presuntas irregularidades en la gestión de la instalación. Concretamente se acusaba de los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o irregularidades en los contratos con Dorna centrándose en las figuras del gerente, Andrés Sánchez Marín, y al jefe de administración, Antonio Martínez.

La Fiscalía Provincial de Albacete envió al juzgado de instrucción número uno de Albacete un escrito de conclusiones sobre este caso, que lleva dando vueltas por los juzgados desde 2013, en el que finaliza señalando que "esta representación no se opone a que se decrete del sobreseimiento provisional del nº 1 del art. 641 de la LECrim y el archivo de las actuaciones". El escrito, al que ha tenido acceso este diario, está fechado el 20 de octubre de 2021 y firmado por María Isabel Peñarrubia Sánchez, consta de 10 folios y la noticia fue adelantada a primera hora de la mañana por COPE Albacete.

La Fiscalía señala que "tras una larga instrución, que se ha prolongado durante varios años", y que ha resultado muy compleja, "esta representación se ratifica en lo que en su momento manifestó, en relación con la calificación ab initio, de meras irregularidades sin relevancia penal de una gran parte de los hechos puestos de manifiesto en la denuncia".

Entre otros detalles, apunta que "no se desprende ningún tipo de responsabilidad penal en el hecho de que tanto respecto al gerente como del jefe de administración se acordara por la junta general una subida de sueldo, al que más tarde denunciaron".

Respecto al contrato con Dorna, el escrito de la Fiscalía apunta a que "el informe policial último" se concluye que "no se observa en los contratos celebrados entre el Circuito y Dorna irregularidad alguna".