Los ayuntamientos albacetenses volvieron a empeorar en 2020 su porcentaje de cumplimiento de l obligación de rendir cuentas a un órgano fiscalizador. Así lo recoge el informe anual de fiscalización del sector público local, elaborado por ese propio organismo, el Tribunal de Cuentas.

De acuerdo a ese documento, y excluyendo a la capital, fueron 42 de los 86 consistorios, prácticamente la mitad, los que no habían enviado su cuenta general de 2020 a 31 de diciembre. Suponen cuatro más que en el informe de 2019, cuando la cifra ya había ascendido con respecto a años previos. 

La Ley Reguladora de Haciendas Locales establece que las administraciones locales han de remitir la cuenta general del año, previamente aprobada por su Pleno, antes del 15 de octubre del siguiente ejercicio (aunque el informe amplía ese plazo hasta el 31 de diciembre). En ese aspecto, los números globales de cumplimiento fueron mejorando a comienzos de la pasada década, cuando se puso una mayor atención sobre la gestión local, hasta alcanzar su mejor cifra en 2014, cuando solo fueron 20 los consistorios albacetenses que no enviaron esos datos a tiempo. Desde entonces, el número ha ido creciendo en cada estadística.

De acuerdo al Tribunal de Cuentas, solo nueve de esos 42 municipios incumplidores habían remitido el documento a 27 de julio de este año, fecha en que se cerró la elaboración del documento. También reseña que, al margen de los que no enviaron la cuenta general, otros 12 ayuntamientos no habían presentado otros documentos que actualmente se les piden anualmente, como los listados de contratos y convenios firmados en el ejercicio o el de acuerdos adoptados con reparos de su servicio de Intervención.

La media de cumplimiento de los ayuntamientos albacetenses (51%), que sería aún más baja de incluir las mancomunidades, se sitúa ligeramente por encima de la media de Castilla-La Mancha (49%), que es la segunda región con peores cifras, solo por delante de Andalucía. Mientras, el porcentaje nacional de entidades que remitieron en tiempo es del 69%. 

El Tribunal de Cuentas insiste una vez más en la adopción de sanciones efectivas, como retención del pago de tributos o imposibilidad de acceder a subvenciones, para propiciar una mayor ejecución de esas obligaciones legales. Sobre las cuentas generales, añade que son un documento vital para analizar la situación financiera de una entidad pública, ya que recoge un «conjunto de documentos y estados» que informa sobre del patrimonio de la entidad, sis gastos, ingresos, beneficios y pérdidas y el grado de ejecución del Presupuesto.

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