Lo recogen los periódicos: dos hombres han atracado tres veces en un mes la misma sucursal bancaria. Uno de ellos arrastraba 24 antecedentes delictivos; el otro, 56. Y ahí estaban, atracando de nuevo, lo que indicaba que eran más listos que los jueces y sabían de antemano que no los podían enviar a prisión. O, si lo hacían, en pocas semanas estarían en la calle.
El debate político impide la reflexión sobre un capítulo cada vez más inquietante: la inseguridad ciudadana.
Decía Montero que hay que garantizar que una mujer sola y borracha pueda llegar de noche a su casa. No es suficiente. Habría que decir a la ministra, que el gobierno del que forma parte debería garantizar que mujeres y hombres, niños y ancianos, sobrios o borrachos, de día o de noche, puedan salir de casa con la tranquilidad de que regresarán a la hora que sea. No ocurre. No se puede culpar al gobierno actual, hace tiempo que España no es un país tan seguro como merecen sus ciudadanos, pero se advierte una especie de desinterés por el crecimiento preocupante de la delincuencia.
Las bandas latinas se han adueñado de barrios enteros, captan adeptos en colegios sin que los profesores dispongan de los medios para impedirlo porque la policía no puede actuar hasta que haya pruebas de delito; hay chavales y chavalas de 12 y 14 años que acaban metidos en esas bandas urbanas porque reciben amenazas si no lo hacen. Los jefes de las bandas aprecian a los más jóvenes porque al ser menores, se les pueden "adjudicar" delitos cometidos por mayores, que saldrían peor parados.
Hace años que las fuerzas de orden público alertan sobre la llegada de las "maras" que han sembrado el terror en países Centroamericanos, pero no se han tomado medidas aunque hay policías y guardia civiles expertos en esas bandas que no tienen límite en sus crímenes y se enorgullecen de llevarlos tatuados en su piel para que todo el mundo sepa quiénes son y de qué son capaces.
En barrios enteros de las ciudades mandan los narcotraficantes, como había barrios en los que mandaban los yihadistas. Y hay edificios completos ocupados por okupas que conocen mejor que nadie las leyes que impiden que se les expulse. Y no todos los okupas son angelitos que necesitan un techo bajo el que cobijarse, algunos, o muchos, son delincuentes profesionales.
Recoge un periódico estos días que en un asentamiento de Madrid, la Cañada Real – unos 10 mil vecinos con la mayoría de sus viviendas construidas ilegalmente, donde vive gente de bien, pero también es nido importante de delincuencia- las bandas latinas compran sus pistolas por mil euros. ¿Qué hacen las fuerzas de seguridad que no actúan, qué hacen los delegados de gobierno ante esos datos?
Cuando Sánchez llevó a Marlaska al gobierno se produjo un gesto generalizado de alivio: era un juez de primera, un luchador incansable contra ETA, un profesional de trayectoria intachable, en el que se podía confiar.
Vaya decepción.