El Consejo de Gobierno regional aprobaba esta semana el anteproyecto de la ley de Viña y Vino de Castilla-La Mancha, una norma que capacitará al sector «para autorregularse y ganar la estabilidad que requiere frente a crisis como la del Covid o la guerra de Putin, entre otros elementos perturbadores de la normalidad en las campañas».

Así se expresaba Alejandro García-Gasco, responsable de Vino en la Unión de Pequeños Agricultores  y Ganaderos (UPA), quien reivincaba que «el sector en la región tiene una diversificación como en otras zonas no existe, mosto, vino de esa, vinos con denominación de origen, alcohol de uso de boca». «Esta norma engloba al sector vitivinícola castellano-manchego que no tiene que ver con el de otras zonas, de ahí que necesite herramientas adaptadas para el propio sector. Algo que venimos reclamando desde UPA desde hace años», añadía.

Entre esas herramientas, el representante de UPA señaló la creación de una Interprofesional regional o el recurso al Observatorio de Precios como herramienta para que en vendimia los viticultores puedan disponer de los costes de producción. «Es decir, que ese observatorio sirva de referencia a la hora de que, en la próxima vendimia, podamos reclamar nuestros costes de producción como indica la Ley de la Cadena Alimentaria», añadía. Desde UPA Castilla-La Mancha confían en que estas herramientas sean «de total utilidad» para seguir luchando, entre otras cuestiones, por el control y la trazabilidad del sector, «denunciando a quien hace mal las cosas, para que cuatro empresas fraudulentas no den mala fama a todo el sector que lo hace bien».

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