El peaje de las autovías siembra recelo y desconcierto

E.F
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En la provincia albacetense, tres de cada cuatro personas viven en ocho grandes municipios situados al borde de las grandes vías de comunicación: Albacete, Almansa, Caudete, Chinchilla, Hellín, La Roda, Tarazona , Tobarra y Villarrobledo

Impacto económico de los peajes. - Foto: J.C.B.

La idea está sobre la mesa. Cobrar por el uso de las autovías, tanto estatales como autonómicas, y puede que por el uso de las carreteras nacionales. Pero esto es lo único que se sabe, el resto está en el aire: dónde se aplicará, cúando, en que cuantía, a qué sujetos, con qué sistema, todo está por concretar.

Lo que sí es cierto es que Albacete sería una de las provincias más afectadas por una posible tasa sobre el uso de las grandes vías de comunicación terrestre. El primer motivo es que la mayoría de la población (el 77%, nada menos) reside en un municipio al borde de una autovía o una autopista.

El segundo motivo es que la economía albacetense es netamente exportadora. Sus sectores más conocidos -la industria agroalimentaria, el calzado, la cuchillería- dependen del mercado exterior y, por tanto, de la logística.

El tercer motivo es que no hay una alternativa real al transporte de mercancías por carretera. En 2019, según AENA, el tráfico de carga aérea desde el aeropuerto de Albacete fue cero; en 2020, se repitió la misma cifra y lo mismo pasó en enero, febrero y marzo de 2021.

En cuanto al transporte ferroviario, en junio de 2010 se constituyó la comisión de seguimiento del proyecto de la Plataforma Logística Intermodal de Albacete, integrada por el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio de Fomento, para crear un proyecto que aprovechase las «sinergias» entre el transporte por carretera y el ferroviario. 

Ese mismo año. el Ministerio de Fomento incluyó Albacete en su Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías, con consideración de «terminal prioritaria». Desde entonces, hubo anuncios, reuniones y alguna enmienda a los PGE pero más allá de los papeles, nada.

Con estos mimbres, no resulta extraño que las actitudes de las fuentes consultadas por La Tribuna sobre la idea de pagar por el uso de las autovías oscilen entre la indignación y el desconcierto, como sucede con el caso del alcalde de Almansa,  el ‘popular’ Javier Sánchez Roselló.

«Almansa es una ciudad donde  hay varias bases logísticas de empresas que nos han elegido por nuestra situación -describe- y luego está el calzado, que vive de la exportación y que entre la pandemia  y las dificultades en mercados clave como los EEUU ha visto como caía su facturación».

De hecho, la pandemia ya había  provocado un aumento de los costes del transporte aéreo «de entre el siete y el 10 por ciento». Así que   pagar por las autovías «es algo que no nos podemos permitir en Almansa y que además no se entiende, ¿no habíamos empezado la legislatura suprimiendo el precio de varias autopistas?».

A unos 90 kilómetros de distancia, el alcalde de Hellín, el socialista Ramón García, prefería optar por una prudencia extrema: «la idea, a priori, no me gusta, pero como alcalde menos me gusta hacer valoraciones de un asunto tan importante como éste sin tener datos precisos en la mano», así que no quiso ir más allá.