Hoy es bueno recordar que la localidad se vio afectada hace 100 años por un brote de rabia que provocó la declaración, por parte del Gobernador Civil de la provincia, Miguel de Mérida, del Estado de Infección por el que se hizo necesario adoptar importantes medidas sanitarias «de obligado cumplimiento para que la enfermedad no se propague, evitando su trasmisión al hombre para librarle de una muerte que pone horror en el ánimo». Todo se inició en el mes de febrero de 2021 cuando un perro propiedad de un vecino fue atacado de hidrofobia y mordió a diferentes personas, «alguna de ellas de la clase más pobre que tuvieron que trasladarse a Madrid para someterse al tratamiento antirrábico y evitar la propagación de tan terrible enfermedad», según explicó en el pleno el alcalde, Julián José Moreno, que propuso la adopción de las medidas oportunas, «según aconsejan las vigentes leyes sanitarias». Se mandó a la capital de España, «para su análisis, la cabeza del perro atacado» y se publicaron Bandos en los que se dieron cuenta de las prevenciones que habían que seguir, por parte del vecindario, «procediendo al extermino de los perros vagabundos que transitan por las calles, sin las condiciones debidas». El pleno municipal autorizó al alcalde para que «continúe adoptando todas las medidas que considere oportunas en evitación de la propagación de dicha enfermedad y de los estragos que lleva consigo». Asimismo se acordó «auxiliar a las familias pobres que hayan tenido que trasladarse a Madrid para someterse a tratamiento y se encuentren, por su pobreza, faltos de recursos, para atender a su estancia el tiempo necesario». Por su parte el Servicio de Higiene y Sanidad pecuarias publica una circular firmada por el propio Gobernador Civil, Miguel de Mérida, en el Boletín Oficial de la Provincia, disponiendo, entre otras actuaciones, que se retuviera y atara en el domicilio de los dueños «los perros comprendidos en el perímetro declarado infecto» y que no se permitiera la circulación de perros que no fueran provistos de bozal y con el dueño identificado. Los animales desprovistos de dicho bozal deberían ser capturados o muertos por los  Agentes de la Autoridad. Para ello el Ayuntamiento acordó «adquirir cartuchos para carabinas y revólver para la extinción de los animales que circulen sin las condiciones legales», encargando de ello a los Guardas Jurados dependientes del municipio. En la circular del Gobierno Civil también se disponía que «todo animal rabioso, así como los perros, gatos y cerdos mordidos por otro atacado por esta enfermedad, aunque en ellos no hubiera manifestaciones de rabia, serán sacrificados inmediatamente» y se ordenaba que la carne de los animales sacrificados fuera decomisada e inutilizada totalmente. La vigilancia sanitaria de los perros debía practicarse por espacio de ocho días. El Gobernador ordenaba el cumplimiento de las anteriores disposiciones, ya que «del exacto cumplimiento de estas disposiciones depende que la enfermedad no se propague, evitando su trasmisión al hombre».

Ayudas. Desde el Ayuntamiento se abonaron en el mes de marzo 201,05 pesetas «por los gastos ocasionados en las medidas adoptadas para evitar la propagación de la enfermedad de la rabia y para socorros facilitados a los pobres de solemnidad mordidos, con el fin de que pudieran trasladarse a Madrid para someterse a tratamiento antirrábico». A finales de abril, un vecino se dirigió al alcalde para manifestarle que su hija había sido mordida por un perro de su propiedad al que dio muerte en el momento, por si estaba atacado por la enfermedad sospechosa. Dijo que pretendía someter a su hija al tratamiento antirrábico para prevenir cualquier infección y evitar los efectos de tan terrible enfermedad para lo que solicitaba se le facilitara algún socorro a tal fin, dado que era pobre de solemnidad y carecía de recursos para atender los gastos. El pleno acordó concederle un socorro de 100 pesetas a fin de que su hija fuera sometida al tratamiento, «bien sea en esta población o fuera de ella». Una vez erradicada la enfermedad, de cara al verano, el pleno acordó publicar bandos «en vista de la época propensa a que los perros sean atacados de hidrofobia, para prevenir la propagación de tan terrible enfermedad, caso de que pudiera presentarse en esta población» acordándose, además que se sacrificara a todos los perros que circularan por las vías públicas sin bozal. Actualmente, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en las dos terceras partes de los países del mundo la rabia o hidrofobia sigue presente, la mitad de la población mundial vive en zona endémica y más del 80% de los fallecimientos se producen en zonas rurales con poco o ningún acceso a las campañas de información sanitaria y a los cuidados tras una mordida, siendo África y Asia los continentes con el más alto riesgo de mortalidad humana.  España ha estado libre de rabia desde 1978, a excepción de un caso importado  declarado en junio de 2013.