Este mes de diciembre la Junta no va a parar de sacar convocatorias de plazas de empleo público. En total, saldrán alrededor de 5.900. Lo ha avanzado hoy el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina. El grueso serán las plazas del proceso extraordinario de estabilización, que por ley estatal su convocatoria no se puede demorar a 2023. En concreto son 4.058 plazas. Además le suma la convocatoria ordinaria de plazas de empleo público para la Administración General, sumando las ofertas de 2021 y 2022. Aquí saldrán 2.332 plazas.
Entrando en detalle en cada proceso, de las plazas del proceso extraordinario de estabilización, 490 son para el sector de la Administración General, 2.651 para el Servicio de Salud y 917 para Educación. Pero no todas seguirán el mismo proceso de adjudicación. Un total de 3.912 plazas saldrán por concurso-oposición, es decir, con una parte de prueba que contará un 60% de la puntuación final y una parte de concurso de méritos, que valdrá el 40% restante. El consejero calcula que los ejercicios no se harán hasta el mes de septiembre u octubre, por lo que las incorporaciones del personal podrían producirse en los primeros meses de 2024.
Como la Junta quiere primar a los que ya han trabajado en la Administración, en la parte de concurso, un 90% de los puntos vendrán por la antigüedad, con un plus para aquellos que hayan trabajado en la Administración autonómica en Castilla-La Mancha. Los que hayan conseguido aprobar una oposición anterior en Castilla-La Mancha, aunque no consiguiese plaza, o algún ejercicio, podrán sumar puntos hasta un 10% del total.
Hay 1.998 plazas que solo saldrán por concurso de méritos, sin ningún tipo de prueba. Aquí la antigüedad pesará hasta el 60% de la puntuación, mientras que el haber aprobado oposiciones sin obtener plaza o algún ejercicio de las mismas computará en el 40% restante. Con todo, los detalles de estas baremaciones están todavía negociándose.
Además de las plazas extraordinarias de estabilización, este mes de diciembre la Junta convocará también las oposiciones para Administración General con 2.332 plazas, sumando la oferta pública de empleo de 2021 (774) y la de 2022 (1.068). Estos procedimientos tienden alargarse en sus distintas fases, también en sus incorporaciones. Ruiz Molina contó que, por ejemplo, todavía se están incorporando los que consiguieron plaza de las oposiciones de las ofertas de 2019 y 2020, aunque ya van por el 90%. Comentó que en el caso de Educación esos procesos van más rápidos, porque se van ajustando a los cursos.
Además el Consejo de Gobierno de esta semana aprobó la oferta pública de empleo de 2022, que asciende a 1.744 plazas. "Hemos agotado todas las posibilidades de la legislación básica del Estado", aseguró el consejero. Esas posibilidades se traducen en el 100% de la tasa de reposición, es decir de todas las plazas que se quedan vacías por jubilaciones, traslados o fallecimientos. Además se puede sumar un 20% adicional para servicios básicos fundamentales.
De estas 1.744 plazas, 1.486 saldrán para nuevo ingreso y 258 para promoción interna. El 5% se reserva para personas con discapacidad genreal, que serían 88 plazas, y un 2% para discapacidad intelectual, que sumarán 35 plazas. El reparto por áreas la Administración General se lleva la palma, con 1.068 plazas aprobadas, que son las que se convocarán este mes de diciembre. Para Educación serán 676 plazas, sobre todo en el cuerpo de maestros, pero su convocatoria saldrá más adelante.
24.000 plazas de empleo público en dos legislaturas
Ruiz Molina echó cuentas y señaló que desde que Page es presidente se han aprobado 21.553 plazas de empleo público, con una media de 3.000 al año. Si se suma la oferta pública de empleo que previsiblemente se aprobará el año que viene, se llegará a las 24.000 plazas en dos legislaturas.
Explicó que con este esfuerzo se ha conseguido reducir de manera "contuntende" la tasa de interinidad. Asegura que se va a cumplir el objetivo de dejarla por debajo del 8% y que eso tiene muchas consecuencias positivas. Apuntó que se hace "para que en ningún caso se pueda repetir lo que ocurrió en otras legislaturas, que se utilzió el empleo público como moneda de ajuste si las cosas venían mal dadas". Además insistió en que con este blindaje del empleo público lo que se pretende es "es mejorar la calidad de los servicios públicos que prestamos".