Está fuera de toda duda que existe una relación causa efecto entre la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y el proceso de modificaciones en el Código Penal, de la sedición y la malversación, en la que ha entrado el debate político para conseguir el voto favorable de los republicanos catalanes y el añadido de EH Bildu, que tiene como derivada la desinflamación, el apaciguamiento del expediente catalán. Como todas las modificaciones legales que se hacen en caliente o ad hoc, cuyos beneficiarios tiene nombre y apellidos, la que va a tramitarse en el Congreso por la vía de urgencia, está repleta de contraindicaciones que pueden desvirtuar su intención primera en aspectos políticos, electorales y para la cohesión interna del PSOE.  

Al Gobierno le apremia el tiempo, quiere separar lo máximo posible la derogación de la sedición ya comprometida y lo que pueda hacerse con la malversación, de las próximas elecciones municipales y autonómicas, como si los efectos de esa decisión no fueran a permanecer en el tiempo o a acentuarse a medida que los tribunales revisen sentencias para acomodarlas a los nuevos tipos, que benefician a los reos ya sentenciados o a los por condenar por el referéndum ilegal del 1-O.  

Hace unos meses la posibilidad de que el Gobierno pudiera sacar adelante las cuentas públicas para el próximo año era más que improbable y a nadie le hubiera sorprendido que el Ejecutivo tuviera que prorrogar los Presupuestos Generales del Estado. Es un ejercicio de responsabilidad sacarlos adelante en la situación económica actual, con fondos europeos y la economía creciendo más despacio de lo esperado: no contar con ellos tampoco habría extrañado. Sobre todo, teniendo en cuenta el precio que el Gobierno, o la parte socialista del mismo puede pagar, tras las cesiones a las exigencias de los independentistas catalanes que protagonizaron el intento de golpe de Estado en 2017. Con el rechazo de las enmiendas a la totalidad, el Ejecutivo presumía de que había logrado la estabilidad para el año que queda de legislatura. Nada más lejos de la realidad, porque la vida política va entrar en un carrusel de debates y protestas que van a terminar de enrarecer el ambiente político, sin posibilidad de acuerdo ni sosiego.   

Pedro Sánchez se ha dado mucha prisa en proceder a la 'desjudicialización' del conflicto catalán como le pedía su contraparte, Pere Aragonés, para hacer visible la virtualidad de la mesa de diálogo bilateral, cuyo primer efecto ha sido la división del independentismo, la ruptura del Govern catalán y la constatación de que la etapa del 'procés' iniciada en 2012 ha entrado en barrena. Pero no se trataba solo de una cuestión de oportunidad -el Gobierno no ha manejado bien los tiempos- en la que los 'indepes' presumen de haber ganado todas las manos de la partida, sino de fondo, porque la resolución política de los problemas, como se pretendía con el expediente catalán, no puede hacerse mediante la colocación de una cremallera al Código Penal a petición de ERC, para salvar a los suyos.   

Con los cambios previstos en el Código Penal el Gobierno está convencido de que trabaja para entregar a las próximas generaciones el problema territorial encauzado -algo impensable ante las exigencias del independentismo irredento-, pero por el momento, con la ayuda de sus socios, está haciendo todo lo posible para perder las elecciones si se presta a modificar uno de los delitos esenciales en la lucha contra la corrupción política.