España afrontará durante los próximos meses la tarea de cumplir las reformas e inversiones pactadas con la Comisión Europea para desbloquear el siguiente tramo de los fondos de recuperación, que es el más elevado de todos los previstos hasta 2026, con 12.000 millones, y en el que la reforma laboral juega un papel clave.
Aunque no es el más exigente en cuanto a la cantidad de requisitos incluidos, dado que el dinero desembolsado en diciembre dependía de 52 compromisos, el pago en el que ya trabaja el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuenta con un importante peso político. Y es que, no saldrá adelante sin el aval de Bruselas al acuerdo firmado por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y la patronal.
La Unión Europea ha marcado sus objetivos prioritarios a España, entre los que se enmarcan cuestiones como la modernización de la negociación colectiva, la reducción del número de contratos para generalizar la empleabilidad indefinida, los ERTE, la ley rider o la mejora de los derechos de trabajadores en empresas subcontratadas.
Se trata de un trámite que todavía debe pasar el examen del Congreso el próximo día 3 de febrero, aunque los documentos de la reforma laboral ya están siendo examinados en la capital comunitaria y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirmó recientemente que el análisis preliminar de Bruselas es «positivo».
En otro contexto, la Comisión exige aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones y la elevación de la edad efectiva de jubilación, la asignación de la banda del espectro de 700 Mhz, el impuesto a los plásticos de un solo uso o la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada también forman parte del paquete de 40 hitos y objetivos imprescindibles.
El desembolso de los 12.000 millones está previsto que llegue en el primer trimestre de 2022, pero es una fecha indicativa y será el Gobierno quien debe valorar si ha cumplido todos los retos y objetivos antes de remitir a Bruselas la solicitud formal.
En este sentido, deberá acompañar dicha solicitud con todas las pruebas que demuestren que se han superado cada uno de los requisitos vinculados a la transferencia y la Comisión Europea tendrá dos meses para evaluarlas.
El acuerdo operativo firmado a finales del pasado año entre el Gobierno y el Ejecutivo comunitario detalla todos los documentos que deben adjuntarse para demostrar cada uno de los requisitos.
Entre ellos, se encuentra, por ejemplo, la entrada en vigor del Real Decreto sobre Oficinas de Rehabilitación y España tendrá que enviar a Bruselas una copia de su publicación en el BOE, junto con un resumen que justifique «debidamente» que la meta ha sido lograda.
La mayoría de los compromisos adquiridos en los primeros pagos tienen la forma de aprobación de leyes o estrategias, por lo que los documentos que prueban su consecución son generalmente copias de las mismas.
El segundo desembolso incluye, además, algunos objetivos cuantitativos, como cuatro convenios del Ministerio de Ciencia con comunidades autónomas para la aplicación de planes de desarrollo en I+D.
Cuando estas exigencias requieren cifras mucho mayores, como garantizar el acceso a la plataforma actualizada Renta Web que tiene 1,8 millones de contribuyentes, los servicios de la Comisión comprobarán el cumplimiento solicitando los documentos individuales.
Validación
Si la evaluación de Bruselas a una petición de pago es negativa se suspende parcial o totalmente el desembolso, pero si es positiva, pasa a los Estados miembros, que deben dar su visto bueno reunidos en el Comité Económico.
Este órgano tiene cuatro semanas para pronunciarse sobre el dictamen de la Comisión: si lo avala desbloquea el pago, pero si tiene dudas eleva la discusión a una cumbre de líderes con el llamado «freno de emergencia» que Países Bajos exigió en 2020.