En las fiestas de mi ciudad hace cuarenta años se organizaba cada 16 de agosto la batalla de flores, eufemística manera de referirse al arrojamiento de confeti sobre una suerte de carrozas montadas a lomos de tractores, en las que enjaretaban a las reinas de las fiestas. Los de mi edad, andando los años, convertimos desde el natural incivismo tardoadolescete esas justas en ¡la batalla del agua!: durante una época, desde 1986 a 1992 terminamos sacando a los balcones cubos y hasta mangueras, rociando a los desfilantes con tan escaso líquido, que acompañaba al otro que ya habíamos tomado, que tenía alguna graduación superior. En efecto, en un sitio con sequía crónica este despropósito tocó a su fin. Reflejaba la falta de educación sobre la realidad de este elemento, que era y es hoy más valioso que el oro. Por desgracia, cuando ahora los medios de comunicación y algunos políticos se refieren a la guerra del agua, tratan de la discordia ente comunidades autónomas cedentes y comunidades autónomas receptoras, siendo un claro ejemplo de los falsos debates, tan protagonistas de esta serie de artículos que ustedes leen cada semana, a los que algunos nos quieren acostumbrar para evitar entrar en el fondo de cada problema.
La educación más básica en materia de medio ambiente, que no existía cuando hace pocos (muy pocos) años yo era niño, va calando en toda la ciudadanía, pero muy despacio. En el mundo de la agricultura, donde hay agua y donde no la hay, encontramos paisanos/as que ya saben de las bondades de regar lo imprescindible y tener al día sus canalizaciones y tuberías, mientras que otros siguen esquilmando el subsuelo. En el del ocio, en especial costero, hay aún cientos de hosteleros que confunden su capacidad de poder pagar lo que sale del grifo con la ignorancia de lo que cuesta que de allí salga, especialmente en Entrepeñas. No hablemos de los váteres y bañeras en casa, fugas urbanas, aguas que durante años se perdieron Ebro abajo, etc. etc. Parece más sencillo, como viene sucediendo, lanzar soflamas anti-trasvasistas que todos suscribimos, pero que no solucionan la ausencia de compromisos de muchos de los que las instrumentalizan, sobre políticas integrales de distribución de agua, que se basen en las necesidades de las personas, y no de los territorios.
La organización administrativa tampoco es ajena a este problema: mastodónticas estructuras estatales y regionales ocupan buena parte de sus esfuerzos en la propia autodefensa, no ya de sus competencias, simplemente de su crédito público, al no ser capaces de abarcar las responsabilidades medioambientales que les rodean, y se reconduce también eso a bronca política. La gestión del agua como política de Estado requiere ya un replanteamiento, y las fuerzas políticas y los barones territoriales deben mojarse, nunca mejor dicho, para tratarlo sin más dilación. Esto urge más que la reforma de la Constitución o del sistema electoral.