Esta mañana también ha declarado el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa, dentro de las comparecencias con representantes de las administraciones públicas programadas por la Fiscalía en las diligencias de investigación acerca de la gestión del brote de Covid-19 entre los temporeros inmigrantes. En un comunicado, el fiscal explica hoy miércoles que igual que se hiciera ya con el alcalde de Albacete y la delegada de Sanidad, la toma de declaración ha servido para saber "cuál ha sido la intervención de cada una de esas administraciones en la gestión del confinamiento, sus competencias y actuación conforme a los medios disponibles". El fiscal señala que una vez valoradas las diligencias practicadas o que se decidan practicar, "se resolverá el procedimiento, acordando su archivo, si se entiende que no se ha incurrido en responsabilidad penal o, en caso contrario, la formulación de querella o denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra las personas responsables", y recuerda que el 24 de julio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Albacete 2 ratificó la resolución de la Delegación Provincial de Sanidad, en la que se acordaba el confinamiento de un número superior a los dos centenares de temporeros, para prevenir un posible contagio de Covid-9, pues se habían detectado casos positivos entre esas personas. El auto judicial incorporó un requerimiento “a las administraciones competentes (local, autonómica y estatal)”, para que dieran cumplimiento y/o garantizaran una serie de medidas para prevenir y controlar la infección, entre las que se encuentra la “sectorización”, o división de los temporeros en grupos de no más de 25 personas. Estas medidas habían sido recomendadas por la autoridad sanitaria, pero el 29 de julio la Delegación Provincial de Sanidad acordaba la prolongación del confinamiento, "pues la falta de sectorización, ha provocado que todos los temporeros confinados sean contactos estrechos de dos casos positivos de Covid-19 detectados en esos días". El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en auto de 4 de agosto, ratificó la prolongación del confinamiento, reprodujo las medidas preventivas "y requirió a las administraciones para su cumplimiento, con apercibimiento expreso de incurrir en delito de desobediencia". El Ministerio Fiscal incoó el 5 de agosto diligencias de investigación para esclarecer si, del incumplimiento de las medidas incorporadas al auto de 24 de julio, se deriva responsabilidad por desobediencia.