Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón urgieron ayer al Gobierno de España la revisión del sistema de financiación autonómica y el blindaje de la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, que gestionan las comunidades, para que se garantice el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos con independencia de donde viva cada uno de ellos.

Durante la cumbre contra la despoblación que mantuvieron los tres presidentes autonómicos en Soria, defendieron unánimemente que la igualdad entre los ciudadanos españoles es «innegociable».

Javier Lambán argumentó que urge la revisión de un modelo que está pendiente desde 2014 para «acomodar» el coste efectivo de la prestación del servicio por persona y no al volumen demográfico y recalcó que la revitalización del mundo rural -no le gusta hablar de España vacía o vaciada- y la financiación autonómica son «dos caras de la misma moneda».

Por su parte, el castellanomanchego Emiliano García-Page incidió en una apuesta por el blindaje de urgente de la sanidad, la educación y las prestaciones sociales hasta que se alcance un acuerdo sobre la reforma del actual modelo, donde reconoció que el debate lleva tiempo sin que ni el Gobierno del Partido Popular, primero, ni el del PSOE en la actualidad hayan culminado los trabajos que permitan acordar una revisión largamente reclamada por las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

acudir a los tribunales. García-Page no descartó acudir al Tribunal Constitucional si entiende que se vulnera el principio de igualdad, si bien después, a preguntas de los periodistas, matizó que «lo útil es ir por las buenas» y buscar el acuerdo.

El presidente de Castilla y León achacó a la «inestabilidad política» en el panorama nacional que no haya cristalizado esta reforma de la financiación autonómica y solicitó también la revisión de la financiación municipal, para calificar de «incomprensible» que no se haya autorizado a los ayuntamientos a liberar sus remanentes para inversiones.

«El principio de igualdad es innegociable y los servicios públicos se deben prestar igual a los ciudadanos vivan donde vivan, ya sea en el mundo rural o urbano», manifestó Alfonso Fernández Mañueco, que reclamó una vez más la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre otras cosas, para fijar los criterios de distribución del fondo extraordinario no reembolsable aprobado por el Gobierno para las autonomías con el objetivo de hacer frente a los gastos originados por la pandemia, según informa Ical.

Por último, Fernández Mañueco sostuvo la necesidad de que la sanidad «salga fuera del debate político y de la confrontación partidaria» ante la importancia para los ciudadanos.