Los relojes marcaron ayer las cinco de la tarde sin que los lazos amarillos dejasen de lucir desafiantes en las instituciones públicas catalanas; en la fachada del Palau de la Generalitat, por ejemplo, seguía colgando ese símbolo junto a la pancarta con el lema «Libertad presos políticos y exiliados». A esa hora se cumplía el segundo ultimátum que la Junta Electoral Central había dado al Ejecutivo catalán para que retirase de los organismos oficiales estos símbolos de apoyo a los líderes independentistas que se encuentran en prisión, así como las esteladas (las banderas secesionistas), al considerar que vulneran la neutralidad que deben guardar las instituciones de cara a los comicios generales del próximo 28 de abril. Sin embargo, el Govern desoyó la reclamación y mantuvo su desafío, dejando solo la puerta abierta a quitar estos elementos si así se lo requiere el defensor del pueblo catalán.
La Junta Electoral Central planteó el pasado lunes por la tarde un ultimátum al líder del Ejecutivo autonómico, Quim Torra, al darle un nuevo plazo de 24 horas para que retirase de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las esteladas, advirtiéndole de que si no lo hacía podría incurrir en responsabilidades penales, concretamente en el delito de desobediencia. Una figura jurídica que, en caso de condena, conlleva una pena de inhabilitación, como ya han podido comprobar otros dirigentes del proceso separatista.
Ajeno a esta posibilidad, el president envió ayer un nuevo escrito al órgano superior de la Administración Electoral en España, en el que insistía en la «imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado», alegando que la tipología de gestión de los diferentes centros de la Generalitat «es muy variada», ya que pueden estar en manos de empresas públicas o cedidos a privadas, fundaciones, consorcios o entidades sociales. Es decir, Torra justificaba la «imposibilidad» de ejecutar una orden de estas características debido al gran número de edificios públicos que gestiona su Govern.
Tras la reunión del Gabinete regional, la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, confirmó que solo seguirán las recomendaciones del Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán-, Rafael Ribó, «esté o no de acuerdo con el posicionamiento de este.
Poco después, la Junta Electoral Central reaccionó al escrito del líder del Govern rechazando concederle más tiempo para quitar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos. En su respuesta, señala que el escrito de Torra no identifica los edificios ni las razones jurídicas que demuestren «la imposibilidad» del presidente de la Generalitat «de ejercer sobre ellos aquello que le fue ordenado», es decir, la retirada de esos símbolos.
Según fuentes del Gobierno central, el organismo que vela por la neutralidad de los comicios puede decidir ahora si traslada los hechos a la Fiscalía para que imputen un posible delito de desobediencia a Torra y si ordena a los Mossos d’Esquadra quitar los símbolos de los inmuebles del Govern.
Mientras, la Delegación del Gobierno de Cataluña envió documentos y fotografías a la Junta Electoral para informar de que a las 15,00 horas, dos horas antes de cumplirse el ultimátum, el Palacio de la Generalitat y ocho consejerías del Gobierno catalán continuaban exhibiendo lazos amarillos y esteladas en sus fachadas.