El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto firmar la próxima semana en Brihuega (Guadalajara) el Pacto contra la Despoblación tras alcanzar un acuerdo sobre el texto con agentes sociales -UGT, CCOO y CECAM-, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha y los grupos de desarrollo rural.
El vicepresidente del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, que ofreció ayer una rueda de prensa en Oropesa (Toledo) donde se reúnen estos días miembros del Gobierno autonómico para planificar las inversiones y políticas que marcarán los próximos años, avanzó que, si no surgen inconvenientes de última hora, dicha firma tendrá lugar el viernes 28 de febrero.
Además, desde el Gobierno regional también se invitará a sumarse al mismo a las cinco diputaciones provinciales, pues a juicio de Martínez Guijarro, tienen «mucho que decir» en el funcionamiento de los municipios más pequeños; así como al conjunto de las localidades de la región de manera individual.
Una vez rubricado el Pacto se pondrán en marcha grupos de trabajo para establecer qué medidas deben desarrollarse para frenar la pérdida de población y que puedan articularse además en la futura Ley de Desarrollo Rural Territorial y contra el Despoblamiento en Castilla-La Mancha.
Modificación de la LOTAU. Del mismo modo, el Ejecutivo regional abordará la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (LOTAU) con el objetivo de simplificar la tramitación urbanística que permita la reclasificación de suelo generar suelo industrial en la Comunidad Autónoma, e incluso la utilización de suelo rústico en aquellos lugares afectados por la despoblación para facilitar la instalación de empresas.
Entre las líneas de actuación de cara a los próximos cuatro años, el vicepresidente regional apuntó que estos proyectos contemplan la ejecución y puesta en marcha de infraestructuras para favorecer el desarrollo de la comunidad autónoma. «Las más importantes son las sanitarias», apuntó Martínez Guijarro, pues se destinarán unos 640 millones de euros a la construcción, apertura y puesta en marcha de centros de salud y hospitales en diferentes puntos de Castilla-La Mancha.
En este sentido, avanzó que el traslado del hospital de Toledo comenzará en verano y se prevé que los trabajos de mudanza desde el actual ‘Virgen de la Salud’ al nuevo complejo hospitalario, ubicado en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia, se prolonguen durante unos seis meses.
Además, indicó que el presidente regional, Emiliano García-Page, ha cursado una invitación a la Casa Real para poder inaugurar el edificio antes de su puesta en funcionamiento, evitando así generar molestias entre usuarios y pacientes.
120 millones para infraestructuras educativas. En el caso de educación, el vicepresidente señaló que, a lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo autonómico tiene prevista la puesta en funcionamiento de nuevas infraestructuras educativas destinando un total de 120 millones de euros. «Estamos hablando de nuevos colegios e institutos en las comarcas de La Sagra (Toledo) y el Corredor del Henares (Guadalajara), áreas donde hay un importante crecimiento de población y donde el Ejecutivo está haciendo un esfuerzo para garantizar la escolarización».
Finalmente, recordó que el Gobierno regional convocará 6.000 nuevas plazas de empleados públicos desde el año 2020 al año 2023, dentro del II Plan de Impulso de los Servicios Públicos del Gobierno de Castilla-La Mancha, (2.200 al ámbito sanitario, 2.000 a educación y 1.700 en Administración General del Estado) para «garantizar la correcta prestación de los servicios públicos para los próximos años».