El Pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves a la reforma de la ley del aborto, que garantiza esta prestación en hospitales públicos, y elimina la obligatoriedad del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, con lo que el texto continuará su tramitación parlamentaria en el Senado.

Con la aprobación del proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Igualdad, que ha contado con 190 a favor, 154 en contra, entre ellos PP, Vox y Ciudadanos, y 5 abstenciones, se da, en palabras de la ministra Irene Montero, "un paso muy importante" para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en España.

Montero ha agradecido a la mayoría feminista de la Cámara su apoyo a la futura norma y ha recordado a figuras como a las once de Basauri, Justa Montero o la exministra de Igualdad Bibiana Aído.

"Las leyes feministas siempre tienen muchas madres", ha enfatizado la ministra, quien ha ensalzado el feminismo como "el principal impulso democratizador" de la sociedad en "este momento difícil para la democracia" y "en un contexto de ofensiva reaccionaria".

La ministra ha destacado que la reforma garantiza que las mujeres puedan abortar en el hospital público más cercano a su domicilio, recupera el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para las chicas de 16 y 17 años sin necesidad de tener el permiso paterno, facilita el acceso a los anticonceptivos de última generación y procura educación afectivo-sexual en las escuelas.

Elimina el periodo de tres días de reflexión obligatorios antes de someterse a un aborto, así como la práctica habitual de entregar un sobre con la información sobre los recursos a los que puede acudir la mujer que va a abortar y que incluye prestaciones y ayudas a la maternidad.

Regula la objeción de conciencia y contempla bajas temporales de preparto en la semana 39 y bajas por menstruación incapacitante, además, blinda los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, e impide a los médicos objetores participar en los comités clínicos que deciden sobre los abortos a partir de las 22 semanas.

Estos comités no tendrán la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá "recurrir en vía jurisdiccional" su decisión en caso de no estar de acuerdo.

Además, contempla que se garantice la no discriminación de los sanitarios no objetores, "evitando que se vean relegados en exclusiva" a la práctica de abortos, ni la de los que lo son.

En caso de discrepancia entre una menor de 16 años y quien deba autorizar que esta se someta a un aborto, el conflicto se resolverá por la autoridad judicial con "carácter urgente" y las instituciones públicas no apoyarán a las asociaciones provida.

El texto aprobado fomenta la implicación y la responsabilidad de los hombres en la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual y considera contratos nulos de pleno derecho los relativos a la gestación subrogada.

Incluye asimismo nuevas definiciones como la esterilización forzosa, la anticoncepción forzosa y aborto forzoso como formas de violencias contra las mujeres en el ámbito reproductivo.

En su intervención, la ministra ha advertido de la "fuerte ola reaccionaria" que "de forma agresiva quiere frenar los avances y derechos de las mujeres en el mundo": "Quieren hacernos dudar de nuestra fuerza colectiva y de nosotras mismas".

Los socios parlamentarios del Ejecutivo también han cargado contra el PP y Vox por oponerse a lo que consideran un avance en los derechos de las mujeres, y si bien han manifestado algunas discrepancias con el texto, han reconocido la necesidad de esta reforma.

Por su parte el PP, a través de su diputada Teresa Angulo ha hecho referencia a la propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se muestra crítico con varios de los ejes principales del proyecto y ha insistido en que el Ejecutivo se parece "cada vez más a la Sección Femenina" del franquismo porque, a su juicio, busca que las mujeres sean menos libres y estén menos informadas.

Lourdes Méndez, de Vox, ha insistido en su discurso de inconstitucionalidad de la ley al no proteger ni a la madre ni al no nacido.

En este sentido, la diputada socialista Susana Ros se ha dirigido a estos dos grupos a los que ha acusado de querer legislar desde la moral cristiana: "La religión en la iglesia y la educación, en las aulas", ha aseverado la diputada que también ha criticado a Ciudadanos por defender la gestación subrogada.

El Congreso rechaza reprobar a Montero y suprimir su Ministerio

Además, el Pleno del Congreso ha rechazado este jueves la proposición no de ley de Vox por la que se pedía la reprobación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, su cese y la supresión del departamento que dirige.

Aunque la iniciativa de Vox se debatió el martes, en una sesión en la que el PP expresó su apoyo, además de algún grupo minoritario, la votación se ha producido hoy y por separado sus tres puntos.

El primero de ellos señalaba que Montero tenía que ser reprobada "por sus numerosas acciones en perjuicio del bien común, su flagrante incompetencia, su constante apología de la actividad sexual por y entre menores, y sus ataques intolerables a la separación de poderes y al Estado de Derecho".

También por "su indiferencia a las consecuencias perversas para la protección de las mujeres que implica la legislación que ha impulsado desde el Ministerio de Igualdad, que favorece a los criminales", en alusión a la denominada ley del solo sí es sí.

Este punto ha sido rechazado con 196 votos en contra, los mismos que se han opuesto al segundo punto de la proposición, el que instaba al presidente del Gobierno a que destituyera "de forma inmediata" a Montero.

Más rechazo aún ha tenido el punto tercero de la iniciativa, que no ha salido adelante porque 203 diputados se han opuesto a la supresión del Ministerio de Igualdad, un departamento que Vox cree "dañino, innecesario en sus funciones, injusto, ideológico y oneroso en su estructura".

También este jueves se ha votado, y se ha rechazado, la moción debatida el martes del grupo parlamentario popular para que la ministra de Justicia diera cuenta de las "graves consecuencias" que ha ocasionado la entrada en vigor de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, la del solo sí es sí.