Para quienes no lo recuerden, la denominada 'Operación Kitchen' consiste en la trama creada por el PP con policías del Ministerio de Interior, entre los años 2014 al 2016, para expiar al tesorero del mismo partido, señor Bárcenas y sustraer, si fuera posible, los documentos y anotaciones sobre las entregas de dinero y cobros de comisiones del PP. En el proceso inicial se implicó, como era lógico sospechar, a la secretaria General del PP, señora Cospedal,  con la intuición de que el presidente, señor Rajoy, fuera conocedor de cualquiera de las maniobras. Tras un largo proceso de investigación y desarrollo judicial, el juez responsable decidió dejar fuera de la trama a la señora Cospedal, quedando imputados  el ministro de Interior, señor Fernández Díaz, su secretario de Estado, señor Francisco Martínez Vázquez y otros funcionarios de menor rango. La desaparición de la trama de los responsables políticos del PP desactivaba la base misma de la Operación. ¿Qué interés podía tener para los intereses de España, espiar y robar los documentos del tesorero del PP, señor Bárcenas?
También, por si no lo recuerdan, la implicación en el asunto del PP se refería a las declaraciones del señor Bárcenas, el tesorero de la organización, implicando en el cobro de comisiones a dirigentes de la organización, mediante sobres y entregas varias de fondos, productos presumibles, del cobro de comisiones por adjudicación de obras públicas  y otros beneficios. Estaríamos así ante una de las Operaciones más graves de la democracia española en la que se emplean instituciones públicas para investigar asuntos privados. Algo menos grave, el caso Watergate, costó la presidencia de Norteamérica, al presidente  Nixon. Aquí el proceso, tras varios años de retraso, se diluía con la sentencia excluyente del citado magistrado. La sensibilidad democrática de la sociedad española sería como  a los de los materiales de un volcán en erupción.
Unos meses después de la sentencia exculpatoria de la señora Cospedal  un diario de tirada nacional publicó unos audios del comisario Villarejo, presunto implicado en la trama, en los que hablaba directamente de la implicación de la señora Cospedal y su esposo. Como era de imaginar, esas publicaciones explicaban el interés del PP en organizar una operación que borrara todo rastro de los cobros en negro por dirigentes del partido. Lo lógico era pensar que las nuevas declaraciones introducían un giro inesperado en el caso, ratificando la implicación de los imputados partidarios y que el magistrado había despachado con la absolución. La Fiscalía Anticorrupción lo entendió de la misma manera y argumentó que era necesario abrir de nuevo la investigación a la luz de las declaraciones del señor Villarejo, producidas tras la sentencia absolutoria. Es lo que  ha rechazado, por segunda vez el responsable judicial del asunto, en fecha del 30 de noviembre.
Según publicaba el periódico El País, el sábado 3 de diciembre de 2022, en un texto de José Manuel Romero, el juez rechaza este nuevo intento de abrir una investigación porque «la vía que pretende el Ministerio Fiscal al interesar la apertura de la pieza espejo donde resucitar una vía de investigación proscrita, sobre la que ya se razonó su inoportunidad y sobre cuya falta de pertinencia ya se pronunció la Sala, no puede prosperar al tratarse de una pretensión más cercana al fraude de ley que a la función  propia del Ministerio Público».
 Con párrafo tan críptico se da carpetazo de nuevo a uno de los elementos esenciales  de la Operación Kitchen. Solo resta saber que el juez que ha tomado estas decisiones ejerció de cargo público durante varios años al servicio del Partido Popular.