Rosana Pérez es la titular y una de las dos trabajadoras de la empresa avícola La Granja de la Abuela Pilar, en Casas de Ves. Hace casi seis años, esta titulada en Humanidades rompió con su vida anterior, se volvió al pueblo con su hija y montó con la ayuda de su hermana -la otra trabajadora de la empresa- una pequeña explotación avícola con 1.600 gallinas a las que conoce por su nombre, una a una.

«Somos el prototipo de esas explotaciones rurales llevadas por gente joven, de las que tanto hablan los políticos cuando se refieren a la despoblación -señalaba recientemente a La Tribuna- y hace una semana la Junta de Comunidades por fin nos escribió, pero no para felicitarnos, interesarse por nosotras o darnos una ayuda, sino para sancionarnos».

Para ser exactos, la sanción impuesta por la Administración autonómica es de 5.400 euros, que de acuerdo al acta se le imponen por defectos en el etiquetado de los huevos, de acuerdo al acta de una inspección que tuvo lugar en su explotación el pasado mes de junio. Una inspección  y unos defectos que ella no niega, en absoluto. Lo que sí critica son las formas y, sobre todo, el procedimiento seguido para imponer la multa, a su juicio poco correcto.

«La sanción se impone por tres motivos: primero, porque en lugar de  poner 'consumir preferentemente antes del' pongo 'consumir preferentemente antes de', esto es, por una letra», indica la afectada, «segundo, porque en el etiquetado del producto no se indica el peso mínimo y tercero, porque incluyo la frase 'alimentación basada en cereales' cuando según el acta debería contar con una autorización para ello».

Páez expresa su estupor «porque he pasado numerosas inspecciones desde que puse en marcha la granja sin un solo problema y porque entiendo que cuando cometes algún tipo de falta la Administración debería darte alguna clase de apercibimiento o la posibilidad de presentar alegaciones, pero no ha habido nada de eso, solo una inspección y una multa».

Además, considera que la sanción «se va a las cuantías máximas» algo que también considera «desproporcionado, porque en ningún momento hubo ni intencionalidad por mi parte ni falta de voluntad de solucionar todo los defectos que se indican en el acta».

Señalar, por último, que La Tribuna de Albacete intentó recabar  la versión de estos hechos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por desgracia, al cierre de la presente edición no se había recibido contestación alguna por parte del Ejecutivo Autonómico. 

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