El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Albacete debe decidir si sienta en el banquillo de los acusados al actual presidente de la Diputación, al socialista Santiago Cabañero; a su antecesor en el cargo, al popular Francisco Núñez, y al que fuera consejero delegado del Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP), Constantino Berruga, por la gestión que realizaron de las tierras de la herencia de Purificación Urrea.

El juez debe valorar si abre juicio oral a los tres políticos que están investigados por un posible delito de prevaricación administrativa, ya que la instrucción quedó finalizada poco antes de que acabara el año.

El origen de la causa está en septiembre de 2014, cuando la ITAP, que entonces presidía Constantino Berruga, que también era vicepresidente de la Diputación, procedió a alquilar a una empresa rodense las tres fincas de Las Tiesas (Albacete), San Gregorio (Alpera) y Casa del Pozo (Valdeganga), para su explotación, por un periodo de 20 años.

El alquiler de los terrenos provocó una querella por parte de los herederos de Purificación Urrea, que reclaman estas tierras, por las que la Diputación recibe más de 400.000 euros anuales, ya que dichos herederos consideraron que el entonces presidente de la Diputación, Francisco Núñez, había cometido un delito de prevaricación administrativa, al arrendar terrenos que no eran de la institución. 

Por esta razón, se investigó inicialmente a Francisco Núñez y a Santiago Cabañero, ya que al convertirse en el nuevo presidente de la Diputación continuó con el arrendamiento iniciado por su antecesor. 

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