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«La justicia no es igual para todos»

Ana Martínez
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José Sánchez es abogado del Servicio de Mediación Jurídica de Cáritas Diocesana de Albacete

José Sánchez. - Foto: Rubén Serrallé

Lo que surgió entre un grupo de voluntarios se ha convertido, 25 años después, en un servicio imprescindible y necesario para la población más vulnerable. Las jornadas Prisión y Sociedad de Albacete del año 1997 pusieron sobre la mesa la necesidad de prestar atención a la población reclusa. Un año después, este servicio jurídico gratuito fue asumido por Cáritas Diocesana de Albacete y presentado para su financiación a los fondos europeos Urban. Su implantación, pionera en España, constató la necesidad que tenían las personas en riesgo de exclusión y en situación de vulnerabilidad de recibir asistencia jurídica gratuita. Desde entonces, José Sánchez Sánchez, galardonado con la medalla al mérito por Instituciones Penitenciarias en 2021, ha sido durante todos estos años el abogado responsable del servicio de mediación jurídica de Cáritas.

Si el servicio cumple 25 años y no ha perdido vigencia, ¿quiere decir que la justicia gratuita no funciona?

El servicio de asistencia jurídica de Cáritas tiene objetivos diferentes a la asistencia jurídica gratuita que prestan los colegios de abogados de toda España. Hay que tener en cuenta que el turno de oficio no cubre la vía administrativa y desde el punto de vista penal, no existe un turno penitenciario que asesore jurídicamente a las personas que se encuentran en prisión. Además, en el procedimiento penal, el turno de oficio es muy deficiente, no funciona bien, porque desde que asiste a una persona que ha sido detenida hasta que hay un juicio, esa persona se queda indefensa. Pero, además de esto, uno de los objetivos de nuestro servicio es la integración social, trabajar para que la gente tenga sus derechos.

Entonces, el servicio tiene más sentido que nunca.

Eso es. Este proyecto comenzó en 1997 y en sus primeros años gestionamos entre 300 y 400 expedientes. Hemos cerrado 2021 con casi 2.000, lo que significa que, efectivamente, es más necesario que nunca. Cada vez hay más desigualdad y cada vez está todo más regulado. En época de crisis y de pandemia han surgido gran cantidad de leyes y reformas legales, el Ingreso Mínimo Vital, la reforma del Código Penal, la de la Ley de Seguridad Ciudadana, toda la normativa relacionada con los desahucios y la vivienda, con extranjería… La legislación ha ido cambiando y cada vez se hace más compleja. En los últimos años se ha ido legislando más en aquellos ámbitos que afectan a la gente más pobre y es importante que las entidades que trabajan con droga, prisión, extranjeros, con personas vulnerables… tengan servicios jurídicos potentes que controlen esas leyes y puedan mejorar la vida de toda esta gente.

¿La justicia no es igual para todos?

La justicia no trata igual a la gente excluida, vulnerable y pobre que a la gente que no lo es, de hecho, la cárcel está llena de pobres. Lo que hay en la cárcel es gente muy vulnerable, personas con problemas de salud mental, de adicciones, de exclusión económica… Esto significa que la justicia no es igual para todos, no me creo que la gente pobre sea la única que delinque.

España, dentro del entorno europeo, es uno de los países más punitivos. Tiene a más personas encarceladas y, sin embargo, es uno de los países donde se cometen menos delitos. ¿Qué sentido tiene esta estadística?

España es uno de los países donde menos delitos se cometen por número de habitantes y es de los países europeos que más presos tiene.  España tocó techo a nivel de número de personas privadas de libertad a principios de la década del 2010, cuando tenía 80.000 presos; ahora estará por los 60.000. Aún así, seguimos siendo el país con mayor número de personas reclusas. Esto es porque tenemos una legislación penal muy dura, a pesar de que a nivel social se perciba otra cosa. Los datos corroboran que somos uno de los países más duros de Europa.

¿La política penitenciaria ha intentado mejorar en los últimos años?

Ahora tenemos un secretario general que va en el camino de potenciar los beneficios penitenciarios y el régimen abierto. En la actualidad hay un porcentaje en tercer grado mucho mayor que hace cinco años y eso es porque están cambiando instrucciones y la política penitenciaria. Se están dando cuenta de que la manera de reinsertar es potenciando el régimen abierto.

¿Son las cárceles un cajón desastre donde no se tiene en cuenta las circunstancias de las personas que delinque?

La gente que hay en las cárceles es la gente más vulnerable de esta sociedad. Los temas de la salud mental y de la discapacidad son dos de las mayores preocupaciones que tenemos las entidades que trabajamos en prisión. Está creciendo de una manera exagerada la cantidad de personas con problemas de salud mental y con discapacidad que están en las prisiones. En este ámbito nos queda muchísimo por trabajar; la gente con problemas de salud mental que comete un delito debería tener alternativas y no ir a prisión y, en caso de entrar, recibir el mejor tratamiento posible. Y cuando una persona termina la condena y deja de estar bajo la tutela de oenegés y de la propia prisión, tiene que acceder a programas de acompañamiento y asistencia post penitenciaria. Aquí queda un trabajo tremendo por hacer. Necesitamos avanzar en este aspecto de forma casi urgente. 

¿Qué tipo de delitos están aumentando más?

El de agresiones y abusos sexuales. Cuando yo empecé veía uno al año y ahora son mucho más frecuentes. Es cierto que ahora se denuncia más, pero como sociedad nos deberíamos preguntar por qué va tanta gente a prisión por estos delitos, dado que hay muchísimos factores añadidos como la nula educación sexual que hay en los centros educativos y en las familias. Y en estos casos, curiosamente, los reclusos no cumplen con el perfil de persona vulnerable o en situación de exclusión social.

Ha comentado que el perfil de los presos ha cambiado con los años, ¿cómo es ahora?

Cuando empecé en el 97, casi el cien por cien eran personas muy marginales con problemas de drogas, cuyos delitos más habituales eran los robos y hurtos. Es verdad que ahora esto puede ser el 70% de la población reclusa, el otro 30% es muy variado y ahí se encuentran personas condenadas por delitos de violencia de género, delitos contra la seguridad vial, abusos sexuales, lesiones, agresiones en el ámbito familiar… Hay un abanico mucho más amplio.

La prisión sigue teniendo nombre masculino.

Sí, sí, las mujeres suponen un siete por ciento de la población reclusa, habrá algo más de 3.000 mujeres presas en toda España. Sin embargo, los estudios determinan que ellas sufren todavía más el estigma de la prisión y tienen muchas más dificultades para acceder a los talleres. De hecho, la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se plantea instrucciones desde la perspectiva de género.

Además de las actuaciones penales, el servicio jurídico de Cáritas presta asistencia a aquellas personas que necesitan resolver gestiones por la vía administrativa y que no pertenecen a la población reclusa. ¿Ha cambiado esta asistencia jurídica en los últimos años, máxime teniendo en cuenta la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital?

Cuando nosotros empezamos, el asunto de las prestaciones no era una de nuestras actuaciones principales. A raíz de la crisis económica de 2008 ya empezamos a tener que intervenir a nivel jurídico en estas prestaciones que, por entonces, eran las que concedía la Junta de Comunidades. Sin embargo, la entrada en vigor del IMV está suponiendo una de nuestras principales actuaciones en el servicio.

¿Por qué motivo?

Porque el IMV, que lleva poco más de un año en vigor, es un ingreso con muchísimas deficiencias jurídicas, tiene muchas lagunas, no llega a todo el mundo… Nos está suponiendo que todas las semanas hagamos reclamaciones previas para intentar corregirlo. Creo que el IMV va a tardar en consolidarse y en llegar de verdad a quien tiene que llegar, porque ahora mismo nos da muchísimo trabajo, ya que solo se han concedido un 18% de las solicitudes. Y no solo se deniega, sino que las cuantías que se conceden son muy escasas y no cubren las necesidades de la gente.

El IMV era una reivindicación de la izquierda, apoyada por muchas entidades sociales que trabajan con las personas más vulnerables. ¿Ha decepcionado?

No ha decepcionado que se haga, sino cómo se ha hecho y cómo está planteado. Sabíamos que no iba a ser perfecto nada más ponerse en marcha, que iba a tardar tiempo en reajustarse, pero lo que no puede ser es que una persona que lo necesita no lo reciba porque está empadronado con otra persona y si está así es porque no tiene medios económicos para afrontar un alquiler normal. El IMV ha venido para quedarse, lo que hay que hacer ahora es mejorarlo, consolidarlo y que llegue a cumplir su objetivo de verdad.

¿Y mientras tanto?

Pues ese es el problema, que mientras tanto las comunidades autónomas no están cubriendo las deficiencias del IMV. Las ayudas sociales de Castilla-La Mancha prácticamente han desaparecido y deberían concederse para complementar el IMV. Hay otras CCAA que conservan sus ayudas sociales, pero en Castilla-La Mancha apenas se dan, solo se han mantenido el Ingreso Mínimo de Solidaridad que se concedió a las familias que tienen menores a su cargo por un periodo de 24 horas, antes de la llegada del IMV. Desde junio de 2020 no se pueden pedir prestaciones a la Junta, solo se mantienen ayudas de emergencia muy puntuales, pero insuficientes para afrontar el problema de la exclusión social.

¿Cómo ha sido para el servicio jurídico de Cáritas el año 2021, teniendo como referencia 2020?

El año 2021 ha sido muy duro. Nuestras intervenciones se han incrementado muchísimo, básicamente para impedir los desahucios en viviendas por impago de rentas, las reclamaciones previas del IMV y para levantar embargos de prestaciones que no se pueden embargar tanto de los juzgados como de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de Gestalba… La parte civil y administrativa es la que más aumentado.

Al margen de las actuaciones administrativas en sí, ¿qué percibe desde su despacho?

Lo que percibo es que tanto la exclusión severa como las desigualdades sociales han aumentado. Hemos pedido el IMV para familias con cuatro y cinco miembros que tienen a un miembro trabajando por 400 euros al mes. Es decir, hemos atendiendo a una clase media empobrecida que no puede pagar su vivienda o no tiene para comer, jóvenes, mujeres con cargas familiares y personas con más de 50 años que en estos momentos son muy vulnerables.

¿Nos hemos convertido e una sociedad insensibilizada?

Lo que hay es una sociedad mal informada. Es mentira que la población gitana o inmigrante viva a costa de las ayudas o del IMV. Y con la prisión, la sociedad demanda mano dura y penas íntegras, cuando está demostrado que las cárceles no sirven para luchar contra la delincuencia. Vivimos en una sociedad que está mal informada y esa mala información la insensibiliza. Una sociedad que defiende la justicia social no puede permitir que haya gente que pase hambre o no tenga vivienda.