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'Dulce' pero lenta justicia

Josechu Guillamón
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Absuelven a tres albacetenses acusados de cometer en los años 90 un fraude con ayudas europeas destinadas a la importación de azúcar

Imagen de la Aduana de Cartagena. - Foto: L. T.

El Juzgado de lo Penal 2 de Cartagena ha absuelto a tres albacetenses acusados de formar parte de una trama para aprovecharse de subvenciones de la Unión Europea destinadas a la importación de azúcar.

En concreto, la acusada M.C.L.M. se enfrentaba a cuatro años y nueve meses de prisión y a multas por un valor total de 4.772.342 euros, al ser considerada por el fiscal como cooperadora necesaria en un delito contra la Hacienda Pública, dos delitos continuados de contrabando y un delito continuado de fraude a la Comunidad Europea.

Por su parte, para los acusados albacetenses A.S.R. y J.J.R.N., el fiscal pedía un año y medio de prisión y el pago de una multa de 1.296.102 euros para cada uno de ellos, como cooperadores necesarios de un delito contra la Hacienda Pública.

Además los tres albacetenses tenían que hacer frente, de forma solidaria con otros acusados en la trama, a importantes cantidades económicas, en concepto de responsabilidad civil.
Sin embargo, los tres han sido absueltos, al igual que los otros 17 procesados, gracias a la actuación del abogado penalista de Murcia, Raúl Pardo Geijo Ruiz, ya que la juez ha asumido las tesis esgrimidas por él de forma íntegra.
Absueltos. En este sentido, se considera que no podía existir un delito continuado de fraude de subvenciones, que era la acusación principal, debido a que las infracciones no superaban los 50.000 euros, que es el límite entre la responsabilidad administrativa y la penal para esta modalidad delictiva. Tampoco se consideró que hubiera delito contra la Hacienda Pública, porque de haber alguna infracción penal debería haber sido calificada como contrabando. En cuanto a la falsedad documental quedaría prescrita. 
Lo mismo sucede con las posibles sanciones administrativas, ya que ha transcurrido el plazo. Por tanto, los tres albacetenses no pueden cooperar con unos delitos que no se han producido.

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