El sector de la avicultura, básicamente el pollo, no ha sido ajeno a los problemas derivados del incremento de los costes de producción, fundamentalmente por la evolución de dos elementos claves para esta actividad como son los piensos -más del 40% de subida- y la energía -200% de encarecimiento-. Esta situación ha desatado una guerra entre los operadores en el conjunto de la cadena de la carne de pollo y especialmente entre los dos actores más importantes en origen: los grupos integradores y los ganaderos integrados, ante el desacuerdo existente sobre la compensación económica a percibir por la cría de cada animal.

Por una parte, desde abajo, los granjeros acusan a los grandes grupos integradores de no estar lo suficientemente remunerados por su trabajo y uso de sus instalaciones para el engorde de los animales. A su vez, los grandes grupos integradores denuncian a la gran distribución por imponer sus precios y no poder repercutir en los mismos los costes reales incumpliendo la Ley de la Cadena en la salida del pollo de matadero hacia la distribución. Agricultura tenía previsto una reunión con el sector para tratar de buscar un entendimiento entre las partes.

Desde el sector ganadero, las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y COAG consideran que los granjeros de pollos no reciben hoy una compensación ajustada a sus costes de instalaciones y por su trabajo. Para los grupos integradores, la salida simple pasaría solamente por la aplicación de la Ley de la Cadena, en virtud de la cual la distribución debe garantizar al productor un precio que cubra los costes, lo que posibilitaría repercutir esos ingresos hacia atrás en la cadena. Una batalla a tres bandas donde el granjero integrado, como sucede en otros muchos sectores, es el último eslabón.

Según los datos manejados por Román Santalla, responsable de ganadería de UPA, los granjeros integrados están percibiendo ingresos de unos 0,16 euros por kilo de carne producido con animales cuyo peso en vivo oscila entre los 2,7 y los tres kilos, cuando el coste real del ganadero por la subida de los precios de la luz o de otros conceptos no baja de los 0,20 euros kilo. Para el dirigente agrario, mientras se abonan estas compensaciones en el campo, la salida de los pollos de matadero ha pasado en los últimos tiempos de 1,80 a 2,50-2,60 euros kilo. En este contexto, considera que esa mejora de las cotizaciones que perciben los integradores no se debería quedar solamente en sus manos, sino que habría parte de la misma con unos ganaderos que, en muchos casos, a pesar de la nula rentabilidad, tienen necesidad o prefieren seguir con la granja en funcionamiento obteniendo al menos algún ingreso para pagar la construcción de las instalaciones, generalmente levantadas a base de créditos, y resignándose a renunciar a una remuneración digna por su trabajo.

Desde los grupos de integradores no se ve igual la situación al estimar que, mientras sus costes se han incrementado en más de un 40% por los piensos y otros conceptos como energía o transporte, los incrementos de los precios de venta a la distribución solo lo habrían hecho en un 15,5%. En esta línea, desde Avianza se reclama un mayor compromiso de la distribución y que se aplique la Ley de la Cadena, que obliga a pagar unos precios que cubran al menos los costes de producción y que se ha convertido en el recurso para atajar todos los males, pero que no acaba de despegar para cumplir su papel.

Frente a las más de 5.000 granjas de pollos existentes en España -aunque muchas solo funcionan en los momentos que requieren más demanda- para una producción de casi 1,7 millones de toneladas, el sector funciona básicamente por el sistema de integración. De acuerdo con ese sistema, los integradores proporcionan los pollitos, piensos, medicamentos y otros servicios y los ganaderos, los integrados, ponen el trabajo y sus instalaciones con todos los costes, especialmente de energía y camas, asumiendo también unos compromisos sobre eficiencia productiva, tablas de transformación o porcentajes de bajas. En ese escenario, el granjero no cobra un precio por el pollo, sino una cantidad por su trabajo por la cría del animal y los gastos en instalaciones.

En la actualidad, prácticamente el 90% de la producción de pollo bajo el sistema de integración y más del 70% del total está en manos de solo media docena de empresas. En los últimos años han ido cerrando los ganaderos independientes, con un peso hoy insignificante en la actividad. A la cabeza se halla el grupo catalán Vall Companys, con una cuota de mercado de casi el 30% tras la adquisición de la firma SADA, seguido de Uvesa, con una cuota del 15%, o el grupo Avinatur, con otro 10%, anterior proveedor de Mercadona hasta que la firma valencia optó por varios suministradores. Entre los grandes productores de pollos se hallan igualmente grupos cooperativos como Coren, en Galicia, con una cuota del 8%, AN de Navarra, con el 6%, o Guissona en Cataluña.

En este escenario de incremento de los costes y la dificultad para dar salida al producto a precios rentables, desde el sector de los integradores aumentaron los partidarios de meter menos animales para la cría, espaciar más los periodos entre una y otra camada y además rebajar la riqueza de los piensos para tener menos costes y un crecimiento más lento, lo que se podría traducir en un ajuste de la oferta. En todo caso, ante las desavenencias entre las empresas integradoras y los granjeros integrados, desde la interprofesional Avianza, que aglutina casi el 90% la producción, se destaca la responsabilidad de los productores ahora y en todo el periodo de pandemia y rechazan posiciones alarmistas sobre un posible futuro desabastecimiento del mercado.

A diferencia de otras producciones ganaderas, como porcino y vacuno, en las que los ajustes o desajustes de la producción pueden durar varios meses por los largos procesos de engorde, en el caso de la avicultura los ciclos de la oferta se pueden modificar a muy corto plazo en cuanto que la cría de un animal con tres kilos de peso se puede lograr en menos de 50 días.