La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dado por zanjada este martes la polémica por la votación de la reforma laboral, que salió adelante gracias al error de un diputado del PP, y ha defendido la independencia de los letrados de la Cámara, cuyo informe ha sido determinante para tumbar las quejas del Grupo Popular.

La Mesa del Congreso, por la mayoría que suman el PSOE y Unidas Podemos, ha tumbado los escritos de protesta del PP por esa votación tan ajustada, concluyendo que "no hubo un error técnico", sino una equivocación del diputado del PP Alberto Casero.

"Las decisiones adoptadas fueron correctas, el procedimiento de comprobación de voto fue el adecuado y, al no haber un error técnico, no había necesidad de reunir a la Mesa -ha sentenciado Batet-. Y como saben los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección alguna".

En este contexto, ha recalcado que tanto los letrados como el acuerdo adoptado este martes por la Mesa de la Cámara concluyen que "en todas las decisiones que se adoptaron se actuó conforme a derecho".

Ya estaban cuando ella llegó

Pero la presidenta también ha querido salir al paso de las "descalificaciones" del PP al informe de los letrados y ha subrayado la independencia de los servicios jurídicos, recordando que estos altos funcionarios estaban en los mismos puestos cuando ella llegó a la Presidencia y relevó a la popular Ana Pastor.

"Toda institución y quienes la integran necesitan, necesitamos, respetar sus propias normas y a quienes profesionalmente se ocupan de interpretarlas y aplicarlas. Podrán criticarse sus argumentos, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, que son los mismos que lo han hecho bajo otras mayorías políticas y cuestionar su honestidad", ha enfatizado Batet.

En este punto ha avisado de que poner en solfa su trabajo "sin ningún razonamiento o justificación" es, sobre todo, "un modo de deslegitimar a la propia institución".

Ante esos ataques, ha dejado claro que ella "siempre va a estar defendiendo su independencia" y que su labor es imprescindible para "tener referentes y garantías de confianza en la aplicación de las normas, por encima de cualquier disputa política".

Seguirá ejerciendo con "imparcialidad"

"He dicho en más de una ocasión que ejercería esta Presidencia con imparcialidad, y este es mi empeño todos los días. Lo que no se puede esperar de mí es que sea neutral ante los ataques a la institución que me honro en presidir, a sus profesionales y a sus procedimientos. Porque atacarlos a ellos es atacar la legitimidad del Congreso", ha remachado.

Preguntada sobre cómo ha vivido estos días en los que el propio líder del PP, Pablo Casado, habló de "pucherazo" y le avisó de que podría enfrentarse a un delito de "prevaricación", Batet ha desvelado que lo hecho con "la tranquilidad" de saber que actuó siempre con "respeto a las normas y al Reglamento", como después avalaron los letrados.

En este contexto, ha enfatizado su determinación se sigue ejerciendo su responsabilidad "con imparcialidad", sin manifestarse sobre las declaraciones de los partidos, pero reclamando un "absoluto respeto" hacia los profesionales que trabajan en el Congreso y en las demás instituciones con "vocación de servicio público".

Podemos ve poco recorrido en el Constitucional

De su lado, el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos, ha acusado al PP de "usar la mentira para deslegitimar al Congreso" con técnicas propias del "trumpismo de la peor calaña".

En este contexto, ha augurado poco recorrido a los recursos que el PP y Casero han presentado ante el Tribunal Constitucional alegando que se atentó contra los derechos del diputado, porque no existen argumentos jurídicos que avalen que el parlamentario por Cáceres podía tener una segunda oportunidad para votar.

"Eso sería crear un precedente a partir de una falsedad y haría mucho daño a la democracia", ha dicho, antes de subrayar que si Casado tuviera "la más mínima decencia, rectificaría, pediría disculpas por esas acusaciones infundadas" que hacen un "daño irreparable a las instituciones".