El Estado Democrático de Derecho es la gran aportación de la Edad Moderna. Para que sea efectiva, se requieren unas instituciones que encarnen el poder ejecutivo, legislativo y judicial. No menos necesaria es una Constitución que garantice la separación de poderes con un sistema de frenos y contrapesos (checks and balances, decía los Padres de la Patria americana). 
Entre los enemigos del Estado democrático de Derecho, el más peligroso ha demostrado ser el propio Gobierno. Al lector incrédulo le invitamos a repasar los últimos años de la historia de los EEUU o de España. El Gobierno se convirtió en una máquina legislativa a través de decretos-leyes. Su control de las cámaras legislativas y órganos jurisdiccionales (basta un voto de diferencia) les garantiza superar el trámite parlamentario y los recursos de inconstitucionalidad. 
No podemos caer en la trampa ya anunciada por el refranero español. «Mal de muchos, consuelo de tontos». Aprovechando la cercanía del día de la Constitución, nos atrevemos a sugerir reformas procedimentales que impidan que el estado democrático de derecho sea fagocitado por el poder ejecutivo.
La primera reforma consistiría en diseñar un sistema estrictamente proporcional y unas elecciones a doble vuelta. ¿Alguien está en contra de que el voto de todos los ciudadanos valga lo mismo? La segunda blindaría la independencia del poder judicial. Que los jueces elijan a sus representantes. La tercera exigiría mayoría cualificada fuerte (no menos del 60%) para la aprobación, derogación y enmienda de las leyes orgánicas, esto es, las que regulan las instituciones básicas y derechos fundamentales recogidos en la Constitución. 
Las reformas nos parecen lógicas y fáciles de implementar. La única condición es que en las próximas elecciones la mayoría constitucionalista consiga dos tercios de los votos.