El juez de instrucción número 47 de Madrid admitía a trámite el pasado jueves la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por las presuntas comisiones millonarias, que llegaban a los seis millones de euros, cobradas al Consistorio de la capital por la consecución y posterior venta de material sanitario durante la primera ola de la pandemia, concretamente marzo de 2020. Entre los delitos que se les imputan está el de estafa agravada, blanqueo de capitales o falsedad documental. Las comisiones, que fueron de entre el 60 y el 80 por ciento dependiendo del producto, están en el punto de mira, y mientras que Medina defiende que todo lo que se llevó a cabo fue legal, el contenido de la querella es tan demoledor como contundente.

Todo comenzó cuando el hermano menor del duque de Feria contactó con el entorno de la Alcaldía de Madrid y, tras conseguir un correo electrónico, plantea la posibilidad de que su socio, Luceño, puede conseguir traer de China grandes remesas de material sanitario, en un momento muy complicado donde los equipos de protección escaseaban. Medina dejó un teléfono de contacto y, a partir de ahí, fue su amigo el que se encargó de toda la operación. De esta manera se rubricaron tres contratos, uno de mascarillas, otro de guantes de nitrilo, que eran de una calidad pésima, y test rápidos, de los que la mayoría eran defectuosos. Las operaciones se llevaron a cabo por un importe superior a los 11 millones de euros que desembolsó el Consistorio, mientras que Luceño, sin experiencia alguna en negocios de importación, percibió 4,6 millones que empleó para adquirir varios relojes de lujo, vehículos de alta gama, así como estancias en un hotel de lujo de Marbella y una vivienda en Pozuelo de Alarcón con tres plazas de garaje. Medina adquirió un velero de lujo y dos suculentos bonos bancarios. El juez tomó la decisión el viernes de embargar de forma preventiva todos los bienes. El altruismo por el que sostenían haber actuado sirvió de parapeto para su propio enriquecimiento. 

El Ayuntamiento de Madrid, como ya ha confirmado su alcalde, José Luis Rodríguez Almeida, se va a personar en la causa como afectado, pero el caso de Medina y Luceño no será el único. La concesión de comisiones por la compra de material sanitario durante aquella época, en la que morían cientos de personas cada día, debe ser revisada en todas y cada una de las administraciones que las rubricaron, con el objetivo de que los tribunales diriman si todas ellas fueron legales. Lo que es evidente es que hubo descontrol. Anticorrupción sigue la pista de al menos otros 12 contratos que sumarían 300 millones de gasto público y que podrían poner en evidencia que la pandemia no hizo aflorar la mejor cara del ser humano.