Desde Bruselas se siguen con atención las peripecias políticas españolas, las iniciativas del gobierno, el cumplimiento de los compromisos, los cambios en el partido que lidera la oposición, las polémicas del siempre sensible sector de agricultores, el cumplimiento de las cuentas… y los problemas judiciales. Fueron muchos cuando ETA trataba de revertir la democracia a golpe de pistolas y goma 2, con importantes flecos aún pendientes de cerrar, y lo son en los últimos años en relación con los independentistas catalanes que se fugaron de España para eludir la acción de los jueces y fiscales españoles. Y que buscaban el respaldo de los tribunales europeos.

El Abogado General de la UE ha comunicado a la Justicia de Bélgica que las decisiones del Tribunal Supremo español no son cuestionables, y por tanto debe respetar la euroorden que obliga a entregar a la Justicia española a los independentistas catalanes fugados, entre ellos Puigdemont. Coincide la decisión del Abogado General con el toque de atención del Tribunal de Justicia Europeo a la situación que vive el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace tres años y medio por falta de acuerdo entre Psoe y PP.

Se acusan mutuamente de bloquear la renovación, y el gobierno ha tomado una decisión polémica: levantar al CGPJ la prohibición de realizar nombramientos al encontrarse en funciones, de manera que pueda elegir a los dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional que le corresponden. Decisión cuestionada por gran parte de los profesionales, que han considerado claramente discriminatoria porque ha sido el gobierno quien impidió durante estos tres años que se cubrieran las más de 60 plazas que debían ser renovadas en diferentes tribunales españoles, al estar en Consejo en funciones.

El Tribunal de la UE ha sido firme: no entra en la polémica de quién bloquea, simplemente ha trasladado al gobierno la exigencia de renovar el CGPJ antes de tres e, inmediatamente después, se proceda a la reforma que permita que sean los jueces quienes mayoritariamente elijan a los miembros del Consejo.

Gran noticia. Porque Justicia Europea muestra firmeza ante una anomalía, un CGPJ se encuentre desde hace años atado de pies y manos para ejercer sus responsabilidades y, segundo, porque la falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios validaban la idea generalizada de la politización de las instituciones españoles.

A los miembros de las instituciones se les considera independientes, más allá de su ideología. Pero era y es evidente que ante situaciones de calado político se pronuncian siempre en función de los intereses de los partidos que les han propuesto. Ocurre ahora y con los gobiernos anteriores. Aunque en estos tiempos de coalición era claro que el sector socialista del gobierno se sentía más obligado a cumplir el compromiso con Podemos que a defender la necesidad de contar con un CGPJ en plenitud de funcionamiento.

Europa nos echa pocas manos. Pero cuando lo hace, arregla entuertos que parecían insalvables.